La Cámara Mexicana de la Industria de Construcción considera que México debe emprender a una alianza para edificar un país más competitivo y de clase mundial, por lo que propone una serie de acciones para lograrlo, a continuación las describimos:

 

Instalar un Consejo Nacional de Infraestructura, esto con el objetivo de tener un espacio formal donde converjan los tres niveles de gobierno, instituciones financieras, academia, colegios de profesionistas y empresarios para participar en la planeación, ejecución y seguimiento del desarrollo de los proyectos de infraestructura y vivienda.

 

Reestructurar la Banca de Desarrollo para buscar su eficiencia y modernización, así buscamos llegar a un marco que norme la promoción de la inversión y genere los instrumentos financieros que propicien el acceso a un crédito con tasas competitivas.

 

 

También se deben fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas, para que puedan potencializar su desarrollo con el fin de que sean más competitivas. Esto se podría lograr a través de estímulos a su productividad, para ello deben de tener un financiamiento oportuno, agilización de trámites y capacitación constante sin olvidar la transferencia de tecnología de punta a sus actividades, 

desde luego sin descuidar las necesidades sociales de sus trabajadores.

En lo referente al Programa Nacional de Infraestructura, sugerimos generar un Banco de Proyectos con una visión de mediano y largo plazo, el cual implemente un fondo del 5% del valor del proyecto para realizar estudios ejecutivos. Ahí se priorizarán las obras de infraestructura que impulsen el bienestar social.

 

De igual forma proponemos apoyar un desarrollo urbano sustentable para que el crecimiento de las ciudades sea ordenado y así poder dotarles de la infraestructura básica necesaria. Por ello buscamos formalizar un mapa de riesgos a nivel nacional, para establecer las políticas en esta materia que sirva de guía para la reconstrucción de los servicios  afectados por los desastres naturales.

 

Por otro lado proponemos readecuar el marco jurídico para que sea facilitador de la inversión, como lo es la Ley de Obras Públicas, la cual debe dar certeza jurídica, y asignar licitaciones de manera transparente, ello para tener claridad al momento de aplicar los recursos en tiempo y forma a los proyectos que se realizarán.

Hacemos hincapié en que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos debe dar atribuciones a éstos para que puedan tomar decisiones que apoyen a la realización de los proyectos. Se necesita una Reforma Hacendaria Integral que amplíe la base gravable y simplifique las obligaciones fiscales, a fin de generar confianza de los contribuyentes al momento de cumplir sus obligaciones en esa materia.

En lo que respecta la Reforma en Seguridad Social sugerimos que se elimine la carga regulatoria y se otorgue a los trabajadores la universalización de la seguridad social en salud, pensiones, retiro, invalidez  y deceso. 

 

La competencia siempre será bienvenida, sin embargo la regulación de la participación en la inversión extranjera bajo los principios de equidad, reciprocidad e intercambio de tecnología, otorgando prioridad a la contratación de mano de obra, adquisición de equipos y materiales del mercado nacional, ello con el objetivo de fortalecer la Cadena Productiva de la Industria de la Construcción.

Desde luego la capacitación del gobierno y empresas debe de ser permanente, ya que es un punto esencial para alcanzar el máximo de calidad y desarrollo, por lo que la CMIC pone a disposición su Instituto  de  Capacitación  de  la Industria  de  la Construcción (ICIC) para la formación, certificación y desarrollo tecnológico de los  profesionales de la construcción. 

La CMIC se compromete a favor de la ética,  la responsabilidad social, respeto al medio  ambiente, así como la correcta  aplicación de La  Ley  Federal Anticorrupción  en Contrataciones Públicas. 

Así la industria refrenda su compromiso social para construir un México mejor y sustentable con la participación de todos, para generar las condiciones  institucionales y políticas públicas que impulsen el desarrollo  de empresas mexicanas en la construcción, operación y mantenimiento de los proyectos de generación eléctrica, petrolera y vías de comunicación, así como a la operación de sistemas de suministro y tratamiento de agua, energías renovables y obras en apoyo al campo para mejorar el nivel de vida de las comunidades.