Al respecto, el presidente del organismo en la entidad, Pedro Roberto Reyes, explicó que esa reforma al código debe establecer procedimientos claros y expeditos para que el municipio pueda hacer efectivas las garantías ante el incumplimiento de los desarrolladores y que obliguen al municipio a prestar los servicios públicos a los habitantes de un fraccionamiento, aunque este no le haya sido entregado; así como ejecutar las obras omitidas por el desarrollador, con cargo a las garantías o sanciones económicas respectivas y sanciones a los funcionarios públicos municipales que no cumplan con lo anterior.

El funcionario recordó que, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, en la capital de 383 fraccionamientos que se tienen registrados, solo 123 han sido entregados de manera regular a la administración, registrando un 67.88 de los fraccionamientos en situación de irregularidad.