Destacó que para ello, se requiere la agilización de una normatividad que garantice la certificación de estos agentes, por lo que desde hace 10 años, AMPI trabaja de la mano con varios gobiernos estatales, y desde entonces se ha logrado que en 19 entidades haya normas en esta materia, aunque todavía varias no se aplican.

Expresó que para ello se han tenido diversos acercamientos con las Cámaras de Diputados y Senadores, así como con los presidentes de las Comisiones de Vivienda de ambos órganos para impulsar un registro nacional, con lo que se resolvería la informalidad y así evitar poner en riesgo el patrimonio de la familias.

Para ello, explicó, se requiere que los agentes inmobiliarios se certifiquen a través de algún proceso interno gremial o por medio de los estándares del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, o que para el efecto, el gobierno estatal emita una licencia para operar como agentes.