Tres empresas de energías renovables recibieron una suspensión provisional, del Juzgado Primero de Distrito de Competencia Económica y Telecomunicaciones, en contra del decreto del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de frenar la entrada de nuevas centrales solares y eólicas al mercado eléctrico del país.
La suspensión se concedió a dos empresas anónimas, así como al consorcio español FV Mexsolar XI –que construye en Veracruz el Parque Solar Foto Voltaico Perote 2, en el que se invierten 150 millones de dólares-, contra la medida de detener las pruebas preoperatorias de plantas de energía limpia. La audiencia incidental para dar inicio al juicio de amparo se llevará a cabo el 22 de mayo, informó el juzgado al Consejo de la Judicatura Federal.
Al emitir la suspensión, el juzgado admitió a trámite dos juicios promovidos por las empresas, las cuales argumentaron que no se evaluó la competitividad en el mercado de los Certificados de Energías Limpias para la determinación del Cenace. Dicha suspensión no es extensiva para toda la industria, por lo que se esperan más amparos en los próximos días, promovidos por otros afectados. Tampoco se refiere a la política publicada el 15 de mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Secretaría de Energía (Sener) para garantizar la confiabilidad del sistema utilizando como criterio de despacho la potencia de generación y no el mérito económico que privilegia a las renovables.
Según expertos, en este caso la violación a la Ley de Transición Energética, a la Ley de Cambio Climático, al Tratado de París al que se adscribió México y al derecho a la salud en un ambiente sano del Artículo cuarto constitucional son suficientes para que las empresas interesadas obtengan sentencias favorables para cancelar estas medidas gubernamentales.
Por su parte, Julio Valle, director adjunto de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) en entrevista con Radio Fórmula, señaló que lo que ya entró en vigor y limita las energías temporales es atemporal. "Lo grave de la medida es que ya sería de manera definitiva, en el sector energético no ha habido una emergencia, la caída en demanda de energía tan solo ha descendido en rangos de 5 al 10% como en épocas invernales, no se justifica, ningún país del mundo ha puesto limitaciones para proyectos de energía renovable”.
Para Valle, el acuerdo está violentando el marco legal, algo muy negativo para las necesidades de inversión que México tiene y sobre todo, de cara a una recuperación económica. Por tanto, los costos de estas modificaciones las terminarán pagando los consumidores mexicanos con un recibo eléctrico más caro; o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con un recibo más subsidiado, y los industriales con tarifas más altas.