La nueva iniciativa del Paquete de Egresos de la Federación (PEF) resulta incongruente con la crisis económica, ya que se opone a la urgente necesidad de recuperación económica en el país. 

 La reciente regulación ahora no solo fiscaliza las malas prácticas relacionadas a las empresas llamadas “factureras”, sino que también se extiende hacia las empresas donatarias, a la economía digital y de contribuyentes cautivos. 

 “Se está partiendo de la base de que todo lo que hacen los contribuyentes está mal y que tienen la intención de evadir impuestos, cuando la ley deja clara la opción de deducir impuestos sin causar un daño al Fisco Federal. Mientras, la necesidad de medidas para extender la base de contribuyentes sigue siendo el sueño de los justos desde hace varios años”, expresó el socio de la firma legal Santamarina + Steta a cargo del área fiscal, Mariano Calderón.

 Agregó que la iniciativa trata de antemano a la sociedad productiva como agentes criminales porque ignora el principio de buena fe y presunción de inocencia, mientras se extiende la economía informal, lo que nos aleja de la recuperación.

 “Cada vez es más dura, agresiva y persecutoria la visión del Sistema de Administración Tributaria (SAT) respecto del sector privado, buscando en todo momento incrementar sus facultades para la fiscalización”, agregó.  

 Mariano Calderón destacó que, de prosperar en el Congreso, la postura de fondo de las autoridades resultará insostenible y contraproducente. “Terminará propiciando el cierre de empresas pequeñas y la economía informal, contra la gran necesidad de empleo de nuestro país. Las medianas y grandes defenderán su legítimo derecho a deducir impuestos. Con ello, veremos tribunales llenos y empresas vacías”.