El gobierno local, a través del departamento de Territorio y Sostenibilidad, inició la redacción de la legislación hace más de dos años, para lo cual colaboraron de manera estrecha con el Colegio de Arquitectos, tomando como referente un texto legislativo de Francia, único con precedente en Europa.

El proyecto buscó reconocer el valor social de la arquitectura al declararla tema de interés público, así como todos aquellos espacios donde se desarrolla la actividad humana.

Gracias a esta nueva legislación habrá mayor divulgación, promoción y educación desde los gobiernos locales, así como la creación del Consell de la Qualitat Arquitectònica de Catalunya (Consejo de la Calidad Arquitectónica de Cataluña), que será el órgano consultivo que definirá las políticas específicas en el ámbito local.

Se prevé que con la aprobación, los criterios de valoración de la calidad arquitectónica y su dimensión cultural prevalecerán en la contratación pública y se evitarán proyectos como el de la estación de AVE de La Sagrera, donde se priorizaron valores económicos sobre los cualitativos.

Además, promoverá el acceso de los jóvenes arquitectos titulados, entre otras medidas.