Por Notimex CIUDAD DE MEXICO.- Las reformas fiscal y energética deben ser la prioridad en la agenda de la próxima Legislatura del Congreso que inicia en septiembre, aunque su aprobación podría prolongarse hasta finales de 2010 o durante 2011, dijeron analistas. Todos los partidos políticos tienen claro que la agenda de reformas que necesita el país para retomar su crecimiento incluye la fiscal, energética, laboral o de telecomunicaciones, entre otras, pero ahora se requieren acuerdos para su aprobación, subrayaron. No obstante, declararon a Notimex, dichos consensos dependerán de la evolución de la economía mexicana ante la recesión mundial y del costo político que estén dispuestos a asumir los partidos con miras a las elecciones presidenciales de 2012. El gerente de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Monex, Eduardo Avila, opinó que la nueva conformación de la Cámara de Diputados, en la cual el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tendrá la mayoría, haría pensar en principio que no pasaría ninguna reforma. Sin embargo, precisó, sería altísimo el costo político para el PRI tener una mayoría y no proponer, no entrar en un cogobierno y sacar reformas, "entonces se empieza a formar la expectativa de que hay los incentivos para que empiece a sacar algunas reformas". Con miras a los comicios presidenciales de 2012, el PRI estaría planteando iniciativas de reforma en materias fiscal y energética pero "partidas en dos", para que una parte se apruebe en los próximos tres años y la otra en caso de que este partido llegue al poder. En materia fiscal, consideró, es probable que la reforma no incluya la aplicación del IVA en medicinas y alimentos, como el PRI lo adelantó, pero con el ánimo de elevar la recaudación podría plantear un aumento en la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las empresas. En la parte energética, apuntó el especialista de Monex, la nueva Legislatura podría promover algunos cambios, pero en temas como la situación fiscal de Pemex o la entrada de inversión extranjera en generación, la reforma también sería bastante limitada. Opinó que el avance en las reformas estructurales dependerá de quiénes sean los líderes de las bancadas parlamentarias, sobre todo del PRI, lo que podría permitir que a mediados de 2010 ya se tenga una agenda definida y se fije una fecha para su eventual aprobación. A su vez, el director de Análisis Económico del Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México (CAPEM), César Castro, dijo que la nueva conformación de la Cámara no garantiza que pasarán las reformas que sacarían al país de la actual crisis. Consideró que más que nuevas reformas, la próxima Legislativa debe revisar las que ya se hicieron y no funcionan, de acuerdo con las necesidades del país hacia los próximos años, como son la fiscal, la energética y la electoral. Castro señaló que la única manera de elevar la recaudación es generalizar la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero advirtió que aumentar la carga impositiva en estos momentos sería contraproducente, porque se cortaría la recuperación de la economía. Una reforma fiscal de este tipo, que incluya además una revisión a la parte del gasto, se tiene que hacer cuando la economía logre al menos dos años de crecimiento, por lo cual anticipó que la aplicación de estos cambios se vería hasta 2011. Ante ello, consideró, la nueva Legislatura del Congreso podría avanzar en otras reformas, como son la laboral o la de telecomunicaciones, que serían más fáciles de aprobar y contribuirían a elevar la competitividad del país. Por su parte, el analista económico de Grupo Financiero Santander, Rafael Camarena, comentó que todos los partidos políticos representados en el Congreso tienen claro cuál es la agenda de reformas que deben aprobarse, ahora la importante es lograr consensos. Dicha agenda comprende reformas en materia fiscal, energía, laboral o educativa, y ese es el camino que deben seguir en el corto o mediano plazo los partidos políticos que estarán representados en el Congreso en la próxima legislativa. Debe reconocerse, dijo, la necesidad de realizar cambios para que los ingresos del sector público no sigan dependiendo de las ventas petroleras, porque el tema de fondo es la viabilidad de las finanzas públicas, independientemente de qué partido tenga mayoría en el Congreso.