Por Real Estate Market La entrada en vigor del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas (APPs) brindará mayor certidumbre jurídica tanto al Estado como a los particulares que participen en proyectos de financiamiento conjunto, con lo cual se espera que se potencie en México la inversión en infraestructura, afirmó el servicio de estudios de BBV Bancomer. Sin embargo, de acuerdo con el análisis, aunque las condiciones ya lo permiten, lo importantes será determinar si la legislación tendrá impacto en el 2013 o será hasta el 2014. "Dependerá del grado de avance que pudiera existir en algunos proyectos que requieran fondearse con recursos presupuestarios, que deben ser aprobados por el Congreso. El cambio en la administración y lo apretado de los tiempos para la negociación del presupuesto hacen pensar que será más bien hacia el 2014 cuando se presenten los primeros proyectos a licitar al amparo de esta legislación". El 5 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley, el cual tiene como propósito regular las APP´s que realice el Estado con particulares, para que éstos, mediante la infraestructura que provean, presten servicios al sector público o al usuario final. La publicación de dicho reglamento complementa y aclara los puntos principales contenidos en la Ley publicada en enero de 2012, la cual pretende brindar mayor certidumbre jurídica tanto al Estado como a los particulares en la reglamentación de APP´s; asimismo obliga a un análisis exhaustivo sobre viabilidad, rentabilidad y costos de los proyectos. De acuerdo a la Ley de APP´s, un proyecto de asociación público privada es aquel que se realiza con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público o al usuario final y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado. Los proyectos de APP´s deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento. Las disposiciones de Ley aplican a proyectos de APPs que realicen: las dependencias y entidades de la administración pública federal, los fideicomisos públicos federales y las entidades federativas o municipios, con recursos federales.