La digitalización de las infraestructuras en Latinoamérica supondría un atajo para evitar un rezago mayor y acelerar la recuperación económica tras la pandemia derivada del Covid-19, toda vez que para cerrar las brechas la región deberá invertir anualmente 200 y 250 mil millones de dólares.

Para especialistas, este monto supone siete veces más de lo que invierte actualmente la región, y que permitiría construir carreteras, puertos y aeropuertos para promover el comercio dentro de la región y abrir sus mercados al comercio internacional.

Robert Valls, ejecutivo principal de comunicación en el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), señaló que uno de los indicadores tradicionales para medir el grado de desarrollo de un país es la calidad de sus infraestructuras.

“La justificación es clara: tener buenas carreteras y rutas estratégicas, por ejemplo, ofrecerá mayores oportunidades para comerciar y exportar todo tipo de productos. Pero también, sin redes eléctricas adecuadas será imposible ofrecer servicios estables de electricidad a los ciudadanos, y menos aún, en zonas remotas”.

Mientras que Walter Cont, ejecutivo principal de la Vicepresidencia de Conocimiento de CAF, indicó que la región necesita integrar en las infraestructuras existentes y las que van a construirse tecnología reciente, como 5G, Big Data o interconexión de aparatos para el Internet de las Cosas (IoT).

Aunque aclaró que “hasta la fecha, la región no ha desarrollado sustancialmente ninguno de estos aspectos”. Entre los principales impedimentos para que las nuevas tecnologías no se estén integrando masivamente en la región, están la adaptación de las regulaciones a los nuevos formatos y usos tecnológicos.

Las nuevas tecnologías establecen nuevos roles para agentes ya existentes en el mercado o plantean una redistribución de las actividades. En energía eléctrica, los beneficios de la red eléctrica inteligente podrían aprovecharse mejor con una separación entre las operaciones de distribución y la comercialización.

Sin embargo, a la ausencia de regulación eficiente se suman los riesgos asociados a las nuevas tecnologías, como la seguridad de la información, la transparencia de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) o la gestión de los datos.

Por lo que una tarea clave de los Estados será supervisar que los reguladores presten la debida atención a la seguridad de la información individual, a los problemas de ciberseguridad y bioseguridad, así como a la resiliencia de los sistemas eléctricos y de transporte, entre otros.

Los beneficios de digitalizar las infraestructuras impactan tanto en el alcance como en la calidad de los servicios, por ejemplo, en el sector eléctrico y de transporte urbano. En el primer caso, existe la ampliación del parque de vehículos eléctricos o con el desarrollo de baterías que permiten almacenar electricidad.

A medida que se implementan sistemas de medición avanzada, se automatizan componentes de la red y se incorporan dispositivos inteligentes, la red eléctrica tradicional se va transformado en una red eléctrica inteligente, refierió una publicación de Portafolio.

En cuanto al transporte urbano, los avances digitales se han producido en un marco de movilidad sostenible. Destacan tecnologías que fomentan la utilización del transporte público o de caminatas, un mayor uso del servicio de transporte individual o compartido, la optimización de viajes y micro-movilidad.

Los sistemas de georreferenciación y de especificación general de alimentación del transporte público también contribuyen a la planificación del transporte masivo por parte de las autoridades locales. Estos desarrollos aportan múltiples beneficios.

En el sector eléctrico, mejora la confiabilidad, seguridad, ahorros y eficiencia del sistema, y tiene potencial para la administración de activos de la red, la integración del sistema con fuentes de energías renovables y la comunicación en tiempo real entre consumidores y empresas.