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90% de los vendedores de inmuebles no tienen certificación alguna, según cifras de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.

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El presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Pablo Vásquez Rodríguez, dio a conocer que el 90% de los vendedores de inmuebles que laboran en el sector no tienen certificación alguna, e incluso, un porcentaje de alrededor del 20% que trabaja de manera informal ha incurrido en fraudes.

“El porcentaje que no está certificado, que no es totalmente medible, entre 20 y 25%, pueden caer en algún tipo de fraude inmobiliario. Tenemos registro de muchos corredores, empresas, que incurren en malas prácticas y hay quejas todos los días de fraudes que van desde pérdida de tiempo, documentación y en ocasiones hasta de patrimonio de la gente”, destacó.

Durante una conferencia de prensa destacó que de los aproximadamente 300 mil profesionales inmobiliarios que hay en México, únicamente 10% se encuentran certificados, por lo que es urgente que el Gobierno Federal regule esa actividad. Por lo anterior, hizo un llamado para que cuando se piense en adquirir alguna propiedad, se busque a un asesor inmobiliario certificado y con licencia de la

Asociación en la región en que se encuentren, ya que a su parecer “estamos certificados, tenemos diplomados, cursos, tenemos todos los conocimientos para dar certeza jurídica en los procesos inmobiliarios”. Vásquez Rodríguez, destacó que hay un proyecto de Ley Federal de los Servicios Inmobiliarios la cual contempla que todos los agentes estatales cuenten con una licencia estatal para poder proveer el servicio localmente, así como una licencia federal permitirá hacer operaciones en todas las entidades de la República Mexicana.

El representante de AMPI señaló que la propuesta de ley se presentó en la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados a través del diputado Ricardo Exome y en la Comisión de Vivienda de la misma cámara. “El propósito de la medida es disminuir los fraudes inmobiliarios, paliar la corrupción, y dar certeza jurídica en todas las operaciones inmobiliarias para compradores y propietarios de bienes inmuebles”.