La pandemia derivada por el arribo del Coronavirus (Covid-19) arrinconó a la industria turística de Quintana Roo; sin embargo, diversos especialistas señalaron que es un excelente momento para modernizar el sector y replantear el marco legal vigente de diversos entes operativos, como ocurre con el llamado tiempo compartido; el cual, según la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur) consiste en “poner a disposición de una persona o grupo de personas, el uso, goce y demás derechos que se convengan sobre un bien o parte del mismo, en una unidad variable dentro de una clase determinada, por períodos previamente convenidos, mediante el pago de alguna cantidad, sin que, en el caso de inmuebles, se transmita el dominio de éstos”.
En este sentido, Alberto Solís Martínez, presidente de la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur), admitió que es necesario actualizar la Ley Sobre el Régimen de Tiempo Compartido en la entidad, pero no como fue planteado recientemente en la XVI Legislatura del Congreso del Estado, pues de ser así tendría grandes repercusiones para el destino al frenar la inversión. Y es que, cabe recordar que el diputado estatal de Morena, Luis Fernando Chávez Zepeda, propuso una ley que, en la parte más crítica, obligaría a una afectación mínima del 10% de las habitaciones de un hotel o complejo en marcha que opere tiempos compartidos y del 50 por ciento en los nuevos que quieran dedicarse a ese negocio.
En este sentido, el periodista Carlos Velázquez, en su columna Veranda de Dinero en Imagen, expuso que la propuesta del Morenista “también le da un gran peso a la Procuraduría del Consumidor y multiplica las opciones para que la autoridad pudiera hacer visitas de inspección, lo que provocaría burocratismo y oportunidades para las corruptelas”. Del mismo modo, Velázquez destaca que con esto “se refuerza el concepto tradicional del tiempo compartido, en lugar de abrirse a las nuevas oportunidades de comercialización que ofrecen la tecnología y que demandan los nuevos perfiles de los consumidores”.
Cabe destacar que esto podría significar un duro golpe para quienes ofrecen el tiempo compartido, y por tanto, al modelo de negocio de los clubs vacacionales que forman parte de un universo de muchos grupos hoteleros en México, país donde se facturan 5 mil 100 millones de dólares por este concepto y el 60% de estos ingresos se concentran en la Riviera Maya. Bajo este tenor, Alberto Solís Martínez, señaló que la propuesta “otorga a particulares atribuciones de autoridad y crea inseguridad jurídica a todas luces y, si bien, es necesario actualizar la ley, ésta debe estar dentro de un marco de seguridad para el turista y el desarrollador”.
