En junio de 2019, tomó posesión como magistrada en el Tribunal Unitario Agrario 34, Lilia Ochoa Muñoz, posterior a 12 días de estar en manos de campesinos y ejidatarios de 10 municipios de Yucatán por diversas irregularidades.

Sin embargo, la funcionaria ahora está enfrentando una red de corrupción en la que participaban empleados y líderes sindicales, debido a que se trataba de un negocio que beneficiaba al ramo inmobiliario de manera irregular.

“El interés por las tierras de Yucatán es altísimo porque son aptas para las inversiones redituables, las compran baratas y los proyectos generan ganancias millonarias. Yucatán se volvió una tierra muy valiosa para el comercio (…) que se da más para la inversión y eso genera intereses muy fuertes”.

Y sentenció “Quienes las pretenden, corrompen a comisariados ejidales y a empleados agrarios”.                            

Colusión para el despojo

En días pasados, la magistrada denunció en rueda de prensa que un grupo de empleados del Tribunal a su cargo realizan denuncias falsas de acoso laboral y sexual, las cuales “son manipuladas y patrocinadas (…) debido a que había mal manejo en expedientes y porque, indicó, ahora se aplica la justicia agraria en forma justa e imparcial”.

“Estoy pisando intereses muy fuertes. Llegaron a un límite y encontraron una salida por medio de las acusaciones y la huelga”, denunció.

“No veo nombres en los expedientes ni sé quiénes son los compradores. Lo que sé es que tengo que ser justa en ciertas cosas y aplicar la ley”, explicó.

La magistrada explicó que cuando llegó, en el tribunal se hallaban expedientes en el piso, amontonados en el baño, en los que había un rezago de expedientes de al menos 14 años, por lo que notificó las irregularidades a los magistrados del Tribunal Superior Agrario y la Contraloría Interna federal.

Debido a que se está metiendo orden, la magistrada dijo que se le armaron quejas y denuncias falsas que lograron remover a dos secretarios y la suspensión de Wílberth Hugo Molina, además de enfrentar acusaciones de acoso sexual por parte de Betsabé Rojas Coronel, la Secretaria de Acuerdos, para remover al personal de la magistrada.

Agregó que el sindicato tiene contubernio con los empleados para armar acusaciones.

“Si tuvieran pruebas, ya las hubiesen exhibido, porque grabaron todo lo que hacíamos durante el trabajo para poner en orden los expedientes”, aseveró.

Expuso que el anterior Secretario de Acuerdos de la dependencia conoce el historial de los expedientes, pero que ahora se dedica a litigar a favor de los compradores, mientras que otro líder sindical es esposo de la jefa del Departamento Administrativo.

“Por ello se alargaban juicios, había despojos de tierras y abusos contra la gente pobre”.

Desorden

La magistrada acusó que “cuando pedí que me dieran los libros de gobierno para conocer qué teníamos, vi que ese libro estaba en blanco. No se había registrado nada desde hacía seis años. No se sabía cuántos expedientes existían”.

La magistrada, además de canalizar denuncias a nivel federal y estatal, decidió no dejar su cargo hasta que resuelvan 180 expedientes, entre los que destacan el ejido de Chuburná, que cuenta con 100 expedientes, “mismo que fue usado por abogados y personal del propio Tribunal Agrario para obtener dinero a costa de vecinos de los fraccionamientos Vista Alegre y Del Arco”.

Hace unos días, Ejidatarios de Chablekal y Kanasín, afectados por la llamada "mafia agraria" yucateca acudieron al Tribunal Unitario Agrario Distrito 34 para apoyar a la magistrada Ochoa Muñoz, ante los cuales, dijo:  "no me voy a arrodillar ante ningún sindicato. No soy corrupta".

Quintana Roo, otro punto negro

En otra entidad vecina, opera el llamado “Cártel del depojo” en Quintana Roo, de la mano de Luis Pablo Bustamente Beltrán, el nuevo líder de Partido Verde Ecologista (PVEM) en Quintana Roo, que junto con el diputado Gustavo Miranda, encabezan una célula dedicada al despojo de inmuebles a través de juicios laborales falsos, en la cual están coludidos familiares y el notario 84 en Playa del Carmen, Jorge Jaime Cruz Hernández.

Bustamante Beltrán y varios colaboradores, desde 2015, se presentaban en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cozumel, Quintana Roo, para demandar, vía laboral, a Erika García Deister, a través del conglomerado García y Miranda Trading SA de CV, empresa supuestamente dedicada a vender tiempos compartidos.

En la red, operó la magistrada Tereza de Jesús Ku Pat, presidenta de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, quien se puso del lado de los supuestos ofendidos laborales (que no acreditaron la relación laboral) y lograron ganar un juicio por 10 millones de pesos.

En la colusión, según destaca el portal Latin Us, están coludidos la Junta Laboral, el Registro Público de la Propiedad y la falsa empresa, en los que al menos, están relacionados con otros dos juicios laborales similares.

Según James Tobin, de la Comisión de Honor y Justicia de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), hay más de 40 juicios similares en esa zona.

Con información de Diario de Yucatán y Latin US.