En México, la infraestructura tiene una serie de debilidades por la falta de planeación, carencia de proyectos, la necesidad de más leyes que agilicen las obras y la poca voluntad para decretarlas.
La participación de la iniciativa privada en obras de infraestructura sigue en ascenso.
Pese a la carencia de recursos por los recortes al presupuesto público, se ha generado un contexto que estimula la participación de la iniciativa privada, a tal grado que se ha vuelto estratégica.
Hoy, su participación en el sector ya no es coyuntural, ya se tornó definitiva. Considero que de aquí en adelante no será difícil que un porcentaje mayoritario de la infraestructura que requiera el país se desarrolle a través de ella.
Hay una serie de mecanismos que permiten una mayor participación de las empresas privadas -nacionales y extranjeras- dentro de los proyectos. Me refiero a las Asociaciones Público Privadas (APP), concesiones, y los contratos de riesgo compartido, entre otros; donde el dinero lo tienen que poner los privados o bajar los recursos de los mercados y destinarlos a obras de infraestructura. Esa es la situación.
Quiero hacer énfasis en que, desde mi punto de vista, la inversión privada ya es vital, importante y primordial para construir y operar proyectos de este tipo en México.
Necesidades
Independientemente del tema de recursos, en mi opinión el desarrollo de infraestructura en el país tiene una serie de necesidades y algunas debilidades como: la falta de una planeación integral, la cual se perdió hace muchos años; ya no la tenemos y por esa falta de función integral no tenemos proyectos.
Uno de los grandes errores que cometemos es que ahora, en cierta forma, la Cámara de Diputados al asignar recursos obra por obra se vuelve planeadora, pero no tiene la capacidad técnica ni la experiencia para hacer planeación de infraestructura.
Este es un vicio importante en la aprobación de los presupuestos, ya que los diputados tratan de llevar recursos para su estado, para su municipio. Así no se hace la planeación, ni se hacen los proyectos.
Al tiempo que para hacer obras importantes se requiere tener un Gobierno federal fuerte, que diga: “va determinado proyecto”. Tener certeza de todo tipo.
Considero que deberíamos seguir el ejemplo de España. Cuando el Gobierno define que necesita ciertos terrenos que se vuelven de interés social porque se determinó construir ahí, al propietario se le ofrece una cantidad determinada de dinero como pago. El propietario -sea social, común o privado- en caso de que no aceptar, es turnado a los altos tribunales que fijan el precio, el cual es inapelable. El Gobierno no puede reclamar un precio menor y además debe liquidarlos de contado.
En cualquier caso, los terrenos son expropiados y se concreta el proyecto; no como ha sucedió en México donde en diversos casos no se le pagó a la gente.
Aun del lado opuesto, digamos que el propietario quiere más por su terreno, tampoco se puede, el tribunal ya determinó un precio y así la obra no se detiene. Mientras está vigente el juicio, la obra sigue caminando. Este es un fenómeno o proceso que tenemos que cambiar en México.
Otro problema para las constructoras es que de repente aparecen varios dueños de un mismo terreno; entonces también hay que desterrarlo a través de la certeza jurídica de las propiedades o los terrenos.
Finalmente, debemos considerar que cuando se inicia una obra, se debe tener el proyecto avanzado en un porcentaje importante, contar con los estudios topográficos, hidrológicos, hidráulicos, de sismicidad, mecánica de suelo, la evaluación técnico-financiera, la problemática social, la tenencia de la tierra, en fin todo lo que se necesita y no iniciar a la buena de Dios como suele suceder en algunos casos.
Texto:Luis Ramos
Foto: AGV