Luego de elaborar un estudio, se realizan una serie de propuestas para proteger el empleo del sector y la recaudación tributaria, además de contribuir a la reactivación no solo del sector sino de la economía del país.
La pandemia de Covid-19 ha sido una de las peores crisis que ha vivido la humanidad en todos los aspectos, y sus efectos en los diferentes sectores económicos y sociales han sido contundentes a las pocas semanas de su llegada a México. El sector inmobiliario no es la excepción. La parálisis que ha afectado a esta industria por la emergencia epidemiológica, sumada al bajo dinamismo que venía registrando desde mediados de 2018 por las restricciones impuestas al sector en gran parte del país, han limitado considerablemente su histórica capacidad de generar desarrollo económico y empleo, en detrimento de la sociedad mexicana.
En ese contexto y con el objetivo de analizar escenarios e implicaciones derivados de la contingencia, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI)
realizó un estudio del que se desprenden una serie de alternativas que podrían ayudar a que la industria inmobiliaria, una de las más dinámicas de la economía, se convierta en una plataforma que impulse la recuperación económica del país, así como la conservación y creación de empleos.
Este ejercicio de la ADI cobra relevancia al considerar el impacto de la actividad inmobiliaria en el desarrollo de México, el cual puede verse claramente en los resultados de este sector durante 2019. Año que, si bien resultó complejo para la industria, igualmente mostró su potencial como detonador del dinamismo económico, tras superar los 6.4 millones empleos generados (de los que 3.1 millones son directos y 1.4 millones indirectos) que fueron creados por sectores que integran el desarrollo inmobiliario y 1.9 millones generados por los inquilinos de los inmuebles; es decir, el 11% de la Población Económicamente Activa (PEA).
Ante la magnitud del dinamismo económico y empleos que se desprenden de esa industria, la propuesta de la ADI parte de la primicia de privilegiar el trabajo conjunto y coordinado entre el gobierno y la Iniciativa Privada (IP) para impulsar medidas que reactiven la industria. De no hacerlo pronto, se correría el riesgo de perder más de 616 mil fuentes de trabajo para el próximo mes de octubre, periodo en el que se considera se dará el punto más crítico de la crisis. Según una estimación hecha para finales de año, si no se aplican apoyos, solo podrán recuperarse la mitad de esos empleos; alrededor de 312 mil 500.
Otra de las afectaciones por no tomar acciones certeras se dará en los ingresos tributarios del gobierno: 57 mil millones de pesos (mdp) menos por recaudación de impuestos (ISR, IVA, IMSS) a nivel federal, aunados a los 4.1 mil mdp menos para la Ciudad de México por conceptos de Predial, ISAI, ISN y otros derechos de uso.
La propuesta de la ADI, dirigida a la conservación-protección del empleo, parte de una estrategia integral dividida en tres etapas, en las que necesariamente se requiere la participación del gobierno y de diversos sectores de la Iniciativa Privada:
Etapa 1
(Contención):
Contempla acciones que van desde la adopción de las medidas de distanciamiento social, hasta alternativas de apoyo a inquilinos de los inmuebles para hacer frente a la pandemia, como concesiones en rentas, meses de gracia, entre otros.
Etapa 2
(Mitigación):
Aborda medidas tanto para el sector productivo como para el financiero. En el primer caso, se propone reactivar obras bajo ciertos protocolos, agilizar trámites y permisos, dotar de seguro de desempleo a trabajadores, entre otras acciones.
En el segundo, se sugiere cofinanciar salarios de trabajadores de sectores clave, diferir el pago de impuestos para dar mayor liquidez a las empresas, postergar el pago de intereses de créditos a desarrolladores y ofrecer más opciones de refinanciamiento a proyectos.
Etapa 3
(Recuperación):
Considera medidas de apoyo para la economía nacional en general, así como la garantía de liquidez a empresas y personas para favorecer la demanda, y reposicionar la imagen de México como un destino atractivo y con seguridad jurídica para las inversiones. En tanto que, para la recuperación de sector inmobiliario, se plantea mayor eficiencia en trámites y licencias, otorgar financiamiento a desarrolladores y compradores, así como reducir costos ligados a la adquisición de inmuebles.
De aplicarse estas medidas con la participación, experiencia y capacidad de todos los actores de la economía, se espera llegar a una solución integral que conjunte acciones en lo político y económico que permita superar esta coyuntura compleja.
Texto:Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI)
Foto: adobe stock / fento
