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Veda en la construcción de la CDMX se extendería durante el segundo semestre  del 2019; estiman más de 100 mil empleos perdidos y afectaciones en más de 45 industrias relacionadas a la construcción.

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A inicios de año, bajo protesta de hacer valer la lucha contra la corrupción propuesta por la nueva administración, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sometió a revisión un centenar de proyectos inmobiliarios iniciados durante la gestión de su antecesor Miguel Ángel Mancera; de los cuales, suspendió 12 en el periodo de enero y febrero de 2019. Sin embargo, esta decisión más que representar un alto a las prácticas inmobiliarias ilícitas, significó un golpe para el sector de la construcción, que al día de hoy tiene más de 500 obras detenidas y un estimado que supera los 100 mil empleos directos perdidos; de acuerdo con información aportada por la plataforma Desarrollador Confiable y otras fuentes relacionadas al sector.

Ante esta situación, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) del Valle de México, dieron cuenta de 150 empresas afectadas; mismas que se acercaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi) para buscar los fundamentos que derivaron en la suspensión de sus obras, pero la dependencia no ofreció respuestas contundentes, argumentando que los proyectos se encontraban en revisión. De igual manera, esta desconfianza hacia los desarrolladores, por parte de las autoridades, ha impedido el uso de suelo en proyectos que contemplan más de 10 mil metros de construcción; según constató Vicente Naves Ramos, director general de Artha Capital.

Obras detenidas:

  • Benito Juárez: 249
  • Álvaro Obregón: 148
  • Miguel Hidalgo: 70
  • Cuauhtémoc: 26
  • Venustiano Carranza: 7
  • Cuajimalpa: 2
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    • 502

“Parte de lo que estamos viendo es una incertidumbre importante que genera desconfianza a nivel nacional e internacional [...] El gobierno actual entró con una premisa de desconfianza de que casi todo estaba mal hecho y llevamos casi un año con proyectos de más de 10 mil metros cuadrados que no se aprueban. Desde julio del año pasado prácticamente no hay autorizaciones. Habrá algunas irregularidades en los polígonos de actuación, pero el frenar todo es una decisión errónea, porque clausuraron en funciones más de 120 proyectos”, dijo Naves Ramos, durante la realización de la Expo Real Estate Show a finales de mayo.

Sin contemplar transportistas y proveedores de materias primas, este detenimiento en las obras ha derivado en una caída del 85% en la generación de empleos directos, sólo en los primeros cinco meses de 2019: problemática que podría extenderse hacia el segundo semestre del año, debido a temas burocráticos y al hecho de saber que son 500 las obras sometidas a investigación por el equipo de trabajo del presente gobierno capitalino.

 

Por si fuera poco, información de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, expone que la edificación en la CDMX (que representa el 8% en todo el país) tuvo un decremento del 14.6% en 2018 comparado con 2017: esa situación, equiparada con la caída en el porcentaje de empleos generados, expone una pérdida de 30 mil empleos anuales, solo en el proceso de construcción; mientras que otros 70 mil empleos corren el riesgo de perderse de forma permanente. Cabe señalar que entre 2015 y 2018, la construcción representó el 29% de los empleos formales creados en la Ciudad de México; en 2019 apenas significa el 13%.

Cual efecto dominó, estos tropiezos que han enfrentado los desarrolladores inmobiliarios estarían provocando un déficit de vivienda en la capital; puesto que, ante las obras detenidas, el usuario final vería en riesgo su inversión patrimonial. Asimismo, el constante detenimiento en las obras provocaría una baja en la oferta de bienes inmuebles; los cuales, encarecerían a un ritmo acelerado, directamente proporcional a la demanda del momento. Esto representaría, también, una fuga de capitales, puesto que, quienes busquen mantenerse cerca de sus áreas de trabajo, estarían pagando más de lo debido por un espacio cercano; en tanto que, quienes no puedan hacerlo, se verían obligados a invertir en zonas más alejadas de la metrópoli (minimizando su calidad de vida debido al tiempo de traslado) o a buscar acomodo en provincia.  

Como si este panorama no fuera lo suficientemente turbulento para clientes y desarrolladores, los ciudadanos deben lidiar con los daños colaterales de estas suspensiones, pues no sólo se se ven obligados a desplazarse en una ciudad con un paisaje urbano rodeado de proyectos inmobiliarios incompletos y edificaciones en obra gris, sino que deben acostumbrarse a observar vías secundarias y primarias tapizadas con los sellos de ‘clausurado’.