La Secretaría de Educación Pública (SEP), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Procuraduría Agraria firmaron dos convenios para impulsar la profesionalización de las comunidades aledañas al proyecto del Tren Maya; en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En el primer convenio, la SEP y el Fonatur facilitarán diversas actividades, que permitirán incorporarse con las Instituciones de Educación Superior (IES); además de participar en programas de capacitación a alumnos y docentes de las IES. Asimismo, podrán incorporarse a actividades de desarrollo de la infraestructura turística, comercial, cultural; y en ordenamiento ecológico y territorial.
Las comunidades también podrán tener conocimientos para establecer acuerdos sociales y mecanismos de solución de conflictos en materia de uso de suelo que se puedan generar con el proyecto de infraestructura. “Para ello, la SEP diseñó una metodología técnica y pedagógica que se aplica en Talleres de Planeación Participativa Comunitaria”.
En un comunicado, Fonatur refirió que se compromete a contribuir a la planeación, programación, fomento y desarrollo de las habilidades de los habitantes de las comunidades en cuestiones comerciales. A promover el financiamiento de las inversiones privadas, sociales y locales. Y a identificar los diseños urbanos y arquitectónicos de la zona; preservando el equilibrio ecológico y garantizando el desarrollo económico y social de la región.
Mientras que en el convenio entre Fonatur y la Procuraduría Agraria, se dará la asesoría jurídica y, en su caso, la representación legal a los sujetos agrarios que así lo requieran, en defensa legítima de sus derechos; ante los tribunales competentes para que se garantice el respeto pleno al entorno natural, las tierras, territorios y patrimonio cultural de los pueblos indígenas.
“En este propósito, los visitadores agrarios que desempeñen sus actividades en beneficio de las comunidades de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, asistirán en todo momento a los sujetos agrarios; para salvaguardar los derechos individuales o colectivos de los ejidos y comunidades involucradas en este proyecto integral”; se afirmó.