A tres años de que fuera declarado oficialmente como prófugo de la justicia mexicana, el ex-gobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido este 8 de julio por agentes del Servicio de Alguaciles Federales en Miami, en Florida. A Duarte lo detuvieron luego de que un magistrado federal estadounidense de Nuevo México giró una orden de detención con fines de extradición que, a su vez, procede de otra orden de aprehensión liberada en México en octubre del año pasado por una jueza de Chihuahua.

A César Duarte se le acusa en México por su presunta participación en los delitos de peculado y asociación delictuosa. En este sentido, la Fiscalía General apuntó que el próximo viernes el ex-mandatario priista será presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos. Una vez allí, se iniciará un juicio de extradición. Este juicio, que no es penal, sino un proceso en el que, en primer lugar, un juez estadounidense tiene que determinar si se cumplen todos los requisitos del tratado de extradición que México y Estados Unidos firmaron en 1978, y que entró en vigor hasta 1995.

Una vez realizado lo anterior, un juez informará a Duarte cuáles son los delitos que le imputa México y por qué existe una orden de extradición para que enfrente el proceso penal en su país de origen. En este sentido, la FGR informó que la orden de aprehensión que detonó la captura del ex-gobernador es solo por dos presuntos delitos: peculado y asociación delictuosa.

No obstante, la defensa del exgobernador aún podría ‘combatir’ la extradición durante el juicio en Florida, alegando que no se cumplieron todas las formalidades del tratado de extradición o que existe una persecución política en su país de origen. Incluso, aunque el juez determinara la extradición, Duarte aún tendría tiempo para apelar la decisión y alargar más el proceso.

En cuanto el ex-gobernador pise suelo mexicano, tendría que ser trasladado ante un juez. En este caso, puesto que la orden que detonó la captura de Duarte en Florida la emitió una Jueza de Chihuahua, sería puesto a disposición de las autoridades chihuahuenses. Una vez aquí, se da comienzo a la audiencia inicial, donde se tendría que determinar si la detención fue legal, si se respetaron los derechos humanos, entre otras cuestiones.

Luego, el Juez o la Jueza le informaría de nuevo sobre cuáles son los delitos que se le imputan, y en esa audiencia podría determinarse si hay elementos suficientes para vincularlo a proceso, y si se le aplica alguna medida cautelar para que enfrente el resto del proceso judicial en prisión preventiva, o con alguna otra medida como el uso de un brazalete, entrega de pasaporte, etcétera.

En tanto, este miércoles, el Gobernador actual de Chihuahua, Javier Corral, celebró la captura del ex-funcionario, y denunció que este amasó durante su gobierno “una multimillonaria fortuna” de fincas, ranchos y ganado exótico, que habría conseguido, presuntamente, mediante desfalcos millonarios al erario.

Los desfalcos fueron denunciados desde 2017, pero, hasta ayer, el ex Mandatario priista estaba libre debido a la supuesta protección del anterior Presidente de México, Enrique Peña Nieto, según acusó el Gobernador Corral. La primera orden de aprehensión contra Duarte la emitió la Fiscalía chihuahuense el 27 de marzo de 2017, tras detectar un desfalco de 6 mil millones de pesos y el desvío de otros 250 millones de pesos. Desde ese día, Duarte era oficialmente un prófugo de la justicia mexicana, la cual pidió ayuda, incluso, a la Interpol para que emitiera una ficha roja de búsqueda y captura en 190 países.

/Con información de Animal Político/