Las instituciones autónomas cuidan la congruencia de las Políticas de Estado, con independencia de las consideraciones de economía política que naturalmente influyen en las decisiones propias de los gobiernos.
Ante ello, surgieron organismos como bancos centrales independientes, comisiones reguladoras de telecomunicaciones, comunicaciones, competencia económica -a veces responsabilidad del poder judicial-, y energía.
Son una característica de las democracias modernas. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) para desaparecerlos.
“Estos tres organismos equivalente a menos del 0.05% del presupuesto federal; menos de una décima de punto porcentual de los ingresos tributarios (…) Todo indica que el gobierno busca tener el mayor control posible sobre las decisiones de política (…) y en ese camino está el control de (todas) las instituciones. De ahí el ansia de atropello”, destacó en su análisis semanal el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado A.C (CEESP).
Populismo saldrá caro al país
El organismo aseveró que “el populismo de la administración se inscribe dentro de la cepa de aquel que, siendo producto de la elección democrática, atenta en contra de la democracia representativa. Que no quiere “intermediarios”. Que con el dominio de ambas cámaras del Congreso no requiere de contrapesos ni negociaciones que le pueden resultar innecesarias o molestas. Que con la amplia mayoría de la que goza, se erige como el intérprete único del pueblo. Este camino político que ha estado y está presente en varias partes del mundo con distintas orientaciones, de izquierda o derecha, con o sin “responsabilidad fiscal”, pero con un común denominador que ha resultado, tarde o temprano, en elevados costos y graves consecuencias para las economías”.
En contraparte, “sobresale el abuso en la presente administración de las adjudicaciones directas y de invitación restringida a 3 postores, que de acuerdo con la ley deberían ser excepcionales. Las cifras señalan que el 2020 fue el año en el que se autorizaron más contratos por asignación directa (80.3%), superando a 2019 cuando el porcentaje fue de 78.1%, que ya había sido el récord desde que se cuenta con esa información.
Los contratos asignados directamente totalizaron un monto superior a los 189 mil de millones de pesos, que representaron el 42% del total del valor de las contrataciones públicas. Esta proporción superó por primera vez a la que se sujetó a licitación pública (el resto correspondió a invitación restringida).
Dineros malos a Banxico
Una iniciativa de ley que se ha interpretado como una intromisión importante en los organismos autónomos a nivel constitucional es la presentada por el senador Ricardo Monreal en noviembre pasado. Se trata de una reforma a la Ley del Banco de México en materia de captación de divisas.
“La reforma busca, por un lado, facilitar la compra de divisas en efectivo por parte de instituciones financieras en el país y, por el otro, absorber el excedente de dólares que no logren repatriarse a su país de origen mediante su integración a las reservas internacionales del país”.
Este proyecto obligaría al Banco de México a comprar dólares en efectivo que no pueden regresar al país de origen y que terminen en las reservas internacionales. Con esta obligación, se comprometería la autonomía del Banco de México al impedir que pueda definir de manera autónoma sus operaciones activas y pasivas.
Graves errores
Ante ello, la opinión en contra de la iniciativa de los especialistas en banca central nacionales e internacionales, que consideran a esta iniciativa como un golpe a la autonomía del Banco Central, además de hacerlo un posible coparticipe del lavado de dinero, contribuyó para que su análisis por parte de la Cámara de Diputados se pospusiera hasta febrero, toda vez que en esta ocasión el Senado la aprobó primero en diciembre pasado.
Es probable que esta iniciativa no se apruebe por los diputados. Existen factores que la limitan, como la debilidad de su argumento principal. Sin embargo, hay que reconocer el riesgo de que ello abra la posibilidad de nuevos intentos de modificar estructuralmente la Ley del Banco de México en beneficio de intereses políticos, principalmente.