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En abril del 2020 con el confinamiento por la pandemia, 12.5 millones de personas salieron del mercado laboral mexicano. De acuerdo a cifras de la ENOE, poco más del 70% volvió a colocarse, pero la mayoría lo hizo en condiciones de subocupación y con un menor sueldo del que recibía antes de la crisis del coronavirus. La ENOE también muestra que a diciembre había 3.42 millones de personas dispuestas a trabajar si les ofrecen un empleo, lo cual se traduce en una tasa de desempleo extendido de 17.9%, siendo 5.9 puntos porcentuales mayor a la de diciembre 2019.

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Del empleo formal, los registrados ante el IMSS disminuyeron en 647 mil plazas en el 2020, siendo la mayor pérdida en registro para un año. Estos datos muestran una crisis de empleo en México.

En general, las empresas contratan nuevos empleados si los ingresos adicionales que generarán esos trabajadores son mayores que el costo adicional por tenerlos (salario y prestaciones). En consecuencia, la demanda de trabajo depende de cuatro factores: 1) salario y prestaciones, 2) productividad de los trabajadores, 3) precio de los bienes y servicios que se produce y 4) expectativas económicas.

Recientemente se aprobó la reforma de pensiones, la cual incrementó el costo del trabajo para las empresas. Aunque la reforma era necesaria, se presentó en un momento donde la creación de empleo debería haberse incentivado. Ahorra se tiene en la fila para ser discutida en febrero la reforma sobre el outsourcing, esquema donde el personal no depende de la razón social. Si esta reforma llega a aprobarse prohibiendo este tipo de esquema, las consecuencias se verán sobre la demanda de empleo, la inversión extranjera directa y sobre el crecimiento económico.

De acuerdo al Censo Económico 2019 realizado por el INEGI, en 2018 había 4.68 millones de personas trabajando bajo un esquema de outsourcing, equivalente al 17.27% del personal ocupado total .

Por actividad económica, los sectores que tienen un mayor porcentaje de personas trabajando a través de este esquema son: Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final (41.96% del total del personal ocupado en el sector), Servicios financieros y de seguros (41.47%), Información en medios masivos (39.64%), Minería (33.41%), Comercio al por mayor (25.08%), Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (23.59%) y Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos (22.14%). Todos los demás sectores tienen menos del 20% de su personal bajo un esquema de outsourcing. Cabe destacar que, el total de las personas subcontratadas en los sectores antes mencionados suman un total de 1.1 millones de personas.

A pesar de que estos son los sectores que tienen mayor porcentaje de personal subcontratado como proporción del total, si se toma en cuenta el número de personas, los sectores que emplean a una mayor bajo el esquema de outsourcing son: manufactura (1.16 millones de personas), Comercio al por mayor (1.03 millones) y Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (434 mil personas).

Es importante destacar que las consecuencias de la reforma del outsourcing sobre el empleo se darían por dos vías: 1) una menor demanda de trabajo y/o 2) un menor salario.

Con la menor demanda de trabajo se incrementa la probabilidad de una “W” en la recuperación del empleo, es decir nuevos despidos y un mayor desempleo estructural. Por el lado de la disminución del salario, en el equilibrio de largo plazo se daría no sólo para los que están bajo el esquema outsourcing, sino para todos los trabajadores de México.

Cualquiera de las dos vías afectaría a los ingresos de las familias mexicanas. La rapidez y fuerza con la que ocurra el impacto dependerá de los proyectos que tienen las empresas que operan con outsourcing.

Es importante mencionar que la industria manufacturera, quien contrata al mayor número de personas bajo el esquema de outsourcing, también es la que genera la mayor parte de la inversión extranjera directa que llega a México, lo cual hace que la reforma ponga en riesgo la recuperación de la inversión fija, que hila a octubre 21 meses consecutivos a la baja con una tasa de caída promedio anual en el 2020 cercana al 20% y con una recuperación esperada para este año de 11.7%.

La inversión a su vez determina la productividad y el crecimiento económico de largo plazo, por lo que de aprobarse la reforma se limitaría aún más lo que puede crecer la economía de México, tras el efecto rebote de este año.

Así, una reforma que tiene buenas intenciones, podría terminar afectando al empleo de los que quiere proteger.

 

Gabriela Siller Pagaza
gsiller@bancobase.com