Con 308 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones fue avalado en lo general el dictamen que otorga la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para congelar cuentas de usuarios e iniciar procesos de extinción de dominio cuando haya presunción de delito financiero al terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El dictamen modifica la Ley de Instituciones de Crédito al agregarle un capítulo quinto llamado De las Garantías de Audiencia, que otorga audiencia a la persona afectada por el congelamiento de cuentas sólo si lo solicitan cinco días después de haber sido notificados, transcurrido el plazo para que el interesado presente pruebas y formule alegatos, la UIF –dentro de los quince días hábiles siguientes– emitirá la resolución administrativa en la que fundamentará y motivará la inclusión del interesado y “podrá promover la extinción de dominio de los recursos bloqueados”.

Esta resolución fue aprobada por los partidos de Morena, PT y PES, los Partidos de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y algunos del Partido Revolucionario Institucional votaron en contra de la minuta.