Recientemente, el INEGI dio a conocer los resultados de la segunda edición de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) para dar a conocer “las experiencias y percepción en las unidades económicas del sector privado al realizar trámites y solicitar servicios públicos”.

En general, los resultados de la ENCRIGE muestran avances importantes respecto a su primera edición de 2016. Sin embargo, hay retrocesos que limitan a las empresas. Dado el periodo al que se refiere -el año 2020 en su totalidad y el de su levantamiento, noviembre y diciembre del ese año-, el análisis debe ser cauteloso ante los efectos de la pandemia sobre la movilidad, que hicieron que 2020 fuese un año atípico para los negocios, destacó en su boletín semanal el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Entre los aspectos positivos más relevantes en la ENCRIGE está la reducción en el porcentaje de empresas que reportó actos de corrupción frecuentes entre los servidores públicos, al pasar de 82.2% en 2016 a 71.5% en 2020, es decir, que solo bajaron 10.7% en el periodo.

Otra noticia positiva es que, a nivel nacional, los costos promedio para las empresas de incurrir en actos de corrupción se estimaron en 7,419 pesos en 2020, una reducción sustancial respecto al dato de 2016, que era de 14,535 pesos.

Asimismo, es positivo que las cargas administrativas para cumplir con el marco regulatorio se redujeron para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), aunque aumentó para las grandes^[1] .

También hay aspectos favorables en cuanto a imparcialidad, transparencia y claridad en procesos con autoridades judiciales; mayor gobierno electrónico para trámites.

Más trabas con la 4T

El CEESP agregó que en cuanto a los retrocesos en el ambiente de negocios, la encuesta refiere que el 28.2% del total de las unidades económicas consideró el marco regulatorio existente como un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios, porcentaje que supera el 20.2% reportado en la primera edición de la encuesta en 2016.

Otro dato relevante es que solo 6.9% del total de las unidades económicas del sector privado en 2020 hicieron uso del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).

Además, prácticamente no existen SAREs certificados por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) que garanticen un proceso sencillo y ágil en las entidades federativas y municipios del país. Es importante y en estos momentos hasta urgente que la CONAMER y la Secretaría de Economía promuevan activamente ese instrumento.

En cuanto a el costo monetario que representan continúa elevándose y constituye un obstáculo evidente para los negocios. En este contexto, se informó que en 2020 los costos monetarios para el cumplimiento de las regulaciones ascendieron a 238 mil millones de pesos (mmp), cifra equivalente a 1 punto del PIB. En 2016 estos costos sumaron 115.7 mmp y representaron 0.56% del PIB.

Se estima que las unidades económicas del sector privado realizaron 79.9 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicio ante autoridades municipales, estatales o federales durante 2020, 3.4 millones más trámites respecto al año 2016. Los resultados del 2020 reportan un promedio de 20.1 trámites por unidad económica en el año, mientras que en 2016 el promedio fue 19.5.

Las empresas expresaron una mayor satisfacción con los servicios públicos básicos como recolección de basura, agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, calles y avenidas del municipio o demarcación y carreteras libres de peaje.

[1] Las microempresas representan el 85.8% de la muestra y cuentan con hasta 10 empleados, pequeñas (12%) de 11 a 50 para industria y servicios y hasta 30 para comercio, medianas (1.8%) de 51 a 250 para la industria y hasta 100 para servicios y comercio, y grandes (0.4%) las que emplean a más de esos umbrales.