En el 2020, la brecha en infraestructura en Perú superó los 363.000 millones de soles (mds), mientras que la inversión privada se contrajo un 16.5%, además, en los últimos cinco años la inversión en infraestructura mediante asociaciones público privadas (APP) se contrajo un 88 por ciento.

Según la base de datos de Participación Privada en Infraestructura (PPI) 2020 del Banco Mundial (BM), la caída se explica porque después de invertir 21.179 millones de dolares (mdd) en el periodo 2011–2015, Perú registró una inversión de apenas 2.588 mdd entre el 2016 y el 2020.

En este sentido, el país tuvo la caída más pronunciada entre las 22 economías analizadas de América Latina y el Caribe (ALC), que en promedio registraron una contracción de 59%. Una caída que es mayor a la de Brasil, México y Colombia.

Para la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), la disminución de las inversiones por APP muestra que pese a la madurez alcanzada en el clima de inversiones, negocios y financiación, existen factores que requieren atención inmediata para no perder participación en el mercado de ALC.

Para ello sugiere destrabar los procesos de formulación y evaluación de las APP, más aun cuando el país tiene iniciativas privadas que se mantienen en evaluación por más de siete años, como es el caso del encargo recibido por ProInversión en el 2013 para la adjudicación de los hospitales de EsSalud en Chimbote y Piura.

“Si nos comparamos con México, por ejemplo, el quinquenio pasado no estábamos tan lejanos a dicho país, pero en los últimos cinco años apenas logramos el 11% de las adjudicaciones totales que registraron. De otro lado, Colombia, con el que empatamos en el Infrascopio en el segundo lugar de la región con mejor entorno para las APP, si bien ha registrado una ligera caída, todo parece indicar que esa fortaleza les rinde más que a nosotros”.

En este sentido, AFIN también recomienda simplificar los procesos para sacar adelante los proyectos que están en ProInversión, mejorando la transparencia y rendición de cuentas para atacar a la corrupción, de acuerdo con una publicación de Perú21.

“Una ventaja de las APP frente a la obra pública directa o a través de la modalidad gobierno a gobierno es que no presiona de la misma manera a la caja fiscal, porque no demanda todos los recursos al mismo tiempo, y además los riesgos son compartidos con el sector privado”, indica la asociación.

Explica que de hacerse obras públicas y convenios de gobierno a gobierno (G2G), las brechas no podrán ser reducidas o cerradas por las limitaciones fiscales existentes. En ese sentido, señala que es indispensable ejecutar el Plan Nacional de Infraestructura y los proyectos que fueron priorizados.