En teoría, el 1 de agosto entrarían en vigor las disposiciones fiscales del nuevo régimen de subcontratación y casi cuatro semanas después vence el plazo para que las empresas que quieran participar en la tercerización de servicios especializados se inscriban en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) que administra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se dio a conocer una nueva prórroga de un mes.

Lo anterior, debido a que La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el dictamen para convocar a un periodo extraordinario de sesiones durante el segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Sin embargo, han sido varios los organismos que se habían pronunciado para atrasar su aplicación, debido a la premura del Gobierno de la Cuarta Transformación para sancionar a empresas que no estén en los parámetros.

A las voces de inconformidad se habían sumado el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), entre otros organismos. Sin embargo, también el sector de la construcción espera afectaciones por la premura de la medida.  

“Esta reforma laboral afectará a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la construcción, al exigirnos especialización en casi todo. Las grandes empresas ya no podrán subcontratar y eso afectará a los más pequeños”, así lo dio a conocer el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Querétaro, Álvaro Ugalde Ríos.

No es la misma dinámica económica

En una reunión conjunta con el asesor jurídico de la Cámara, Luis Alberto Trejo, señalaron que ante las reformas que se vienen gestando en el Congreso de la Unión, es necesario estar informados y actualizados para el buen desarrollo de sus empresas.

Trejo mencionó a la Reforma a la Ley Federal del Trabajo, que abordar el tema del outsourcing y cómo deben actuar los constructores ante los cambios y lamentó “que los legisladores no hayan consultado a los especialistas, a los constructores que son los que viven día a día estas situaciones laborales”.

Señaló que aunque el principal objetivo de los legisladores es la defensa de los trabajadores de esta práctica, ahora se generan afectaciones que deberán ser analizadas y en su caso modificadas por las exigencias que demandan a los patrones.

Sentenció que debe realizarse un análisis más amplio, porque casi todos los trabajadores son eventuales “y no todo el tiempo se están haciendo obras”, ya que como es del dominio público, una obra no es una fábrica o una empresa en sí y que tiene una culminación mucho más corta.

Con información de Noticias 48,  6 en Punto de Querétaro y Milenio.