Tanto el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Senado de la República y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se manifestaron en contra del ahora llamado “decretazo” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca, literalmente, ocultar la información de los recursos asignados y los montos para proyectos estrella del Gobierno Federal de la autollamada cuarta transformación (4T).
Con la medida, los recursos que se asignen al Tren Maya, el Tren Transpenínsular y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), entre otras obras, no estará disponible.
En este sentido, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó lo que llamó una “fuerte preocupación respecto a lo publicado el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que sujeta al régimen de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno”.
Según el CCE, la medida evadirá diversas normas de la Constitución y procedimientos legales para proteger derechos humanos, medio ambiente, transparencia, acceso a la información pública, libre concurrencia, procedimientos y licitaciones para contratar obra con recursos públicos, además que se extralimita con la división de poderes y da la espalda a lucha contra la corrupción.
Senado, en guardia
Por su parte, en redes sociales, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, rechazó la medida, y con el hashtag #Decretazopresidencial rechazó la medida: “Con este #DecretazoPresidencial, el Presidente @lopezobrador_ regresó a su verdadero yo y mandó al diablo las instituciones. Bajo el argumento de seguridad nacional, podrá realizar obras saltándose cualquier norma. A la #4T le estorba la cultura de la legalidad. El gobierno se encamina cada vez más al autoritarismo”.
Atropello a la legalidad
Por su parte, el hashtag #Decretazopresidencial lleva más de 19 mil réplicas y es tendencia en México.
Por su parte, la bancada de Movimiento Naranja, en el Senado, manifestó que el decreto presidencial publicado ayer para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal otorguen autorizaciones provisionales para los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional “es un abuso de autoridad y un atropello al Estado de derecho”, acusó el Senador de la Bancada Naranja, Clemente Castañeda.
“Es un grito desesperado del Gobierno Federal ante el fracaso de sus principales proyectos. Es un atropello constitucional y a todas luces ilegal, que permitirá que cualquier ocurrencia presidencial sea ejecutada como una obra pública prioritaria”, aseguró.
Por su parte, la Senadora Verónica Delgadillo, consideró que la medida demuestra que el Gobierno Federal “protege la corrupción, opacidad y discrecionalidad en las obras prioritarias que tienen un gran impacto medioambiental y que ponen en peligro los recursos naturales de México”.
En contexto, hace unos días, el portal LatinUS dio a conocer que dentro de las obras del AIFA, se encontraron varias empresas fantasma y se otorgaron licitaciones directas a empresas que habrían incurrido en actos de corrupción.
Finalmente, La tarde de este martes el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer que prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del acuerdo para no transparentar las obras de infraestructura del Gobierno de México, debido a que son considerados “de interés público y “seguridad nacional”.
Con información del Senado, redes sociales de Xóchitl Gálvez, Movimiento Naranja, LatinUS e Infobae.