En caso de ser aprobada, la iniciativa de Reforma eléctrica minaría la confianza de los inversionistas en México, al tiempo que produciría energía eléctrica más cara y contaminante, perjudicando a toda la actividad económica, a los hogares y al erario, señalaron analistas de BBVA.
Los cambios propuestos vulneran el marco institucional “que al día de hoy dota de certeza jurídica a las partes involucradas en la generación, distribución y comercialización de electricidad, al incrementar sustancialmente el control del Estado en el sector a costa de los intereses de los inversionistas privados”.
Asimismo, las reformas violentan los derechos establecidos por México a favor de los inversionistas extranjeros en diversos tratados de inversión y de libre comercio, en la medida que vuelven más restrictivo el acceso al mercado eléctrico y representan un retroceso a las garantías otorgadas por México.
“Lo anterior, abre la puerta a represalias comerciales y pagos indemnizatorios, bajo sólidos argumentos en torno al Trato Nacional, Nivel Mínimo de Trato y Empresas del Estado. Asimismo, debilita hacia el futuro la capacidad de negociación y de defensa de los intereses mexicanos frente a los diferentes socios comerciales”.
Añadieron que derivado de las violaciones a los compromisos de los tratados, los inversionistas acudir ante paneles internacionales que, por la naturaleza de la iniciativa, tendrán altas probabilidades de resultar en laudos desfavorables para México y traducirse en el pago de compensaciones considerables.
Y los socios comerciales de México al verse afectados por estas reformas, podrán solicitar el establecimiento de paneles de solución de controversias, con los cuales adquirirían el derecho a imponer represalias comerciales; funcionarios estadunidenses estimaron en 10 mil mdd las inversiones en riesgo por la reforma.
El gobierno mexicano puede modificar las reglas del juego del sector como pretende, pero “aprobar la reforma constitucional al sector eléctrico en los términos en que se presentó al Congreso” pondría en riesgo uno de los instrumentos más efectivos que tiene el país para atraer inversión y fomentar el crecimiento que es el T-MEC.
Genera inseguridad jurídica significativa
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el visto bueno a la Reforma eléctricaBBV, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) indicó que, por lo pronto, “genera una situación de inseguridad jurídica significativa”.
En su análisis ejecutivo semanal, el organismo que dijo que es de esperarse que ello detenga aún más la inversión, “especialmente en el sector energía, que es particularmente necesaria para la reactivación económica.
“Los inversionistas nacionales y globales habían mostrado interés y disponibilidad de recursos para invertir en el sector y actuaban en consecuencia. Mientras tanto en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2022 que dio a conocer la consultora Kearney, México quedó fuera de los 25 países más atractivos”.