Los empresarios del sector vivienda de México destacaron la apertura de la Política Nacional de Suelo (PNS), pues se fundamenta en la participación, coordinación y concertación entre los sectores público, privado y social, “siendo una de las vías para hacer realidad otro de sus principios: Garantizar un equilibrio balanceado entre las cargas y beneficios del desarrollo urbano”.

Por lo que la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) consideró a la iniciativa, presentada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), como ‘trascendente’.

Gonzalo Méndez Dávalos, presidente nacional del organismo, señaló que el documento de la PNS marca un hito en la historia del desarrollo urbano del país: “La trascendencia de esta política es un factor clave para la industria de desarrollo y promoción de vivienda al ser, precisamente, el insumo primario para edificar el hogar de los mexicanos”.

Según Insus, el costo por llevar servicios a zonas irregulares es hasta ocho veces más alto, “un desorden urbano que le cuesta al Estado alrededor de 968 mil millones de pesos (mdp), lo que equivale al 5.4% del PIB; 532 mil mdp para urbanizar y llevar los servicios básicos a la ciudadanía, además de 85 mil mdp para regularizar el trámite administrativo, el trabajo técnico y operativo”.

Esto representa una pérdida anual para los municipios de al menos 11 mil mdp por año, situación que obliga a entregar servicios municipales no planeados, añadió Canadevi en un comunicado.

La nueva política busca que las familias mexicanas, principalmente de menor ingreso, tengan acceso a suelo formal y adecuado para la construcción de sus viviendas. Así como a un espacio público, equipamiento urbano, infraestructura, transporte y comercio, para revertir la explosión irregular en la tenencia de la tierra.