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Con una visión orientada a la sustentabilidad y al fortalecimiento de la inversión responsable, Bosco Quinzaños fue elegido por unanimidad como nuevo presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), durante la Asamblea General de la organización.

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El también director general de Grupo Invertierra destacó que su gestión estará alineada con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en promover un México más equitativo y sostenible.

 

Sin embargo, subrayó que para concretar los 15 mil millones de dólares de inversión anunciados este año, es indispensable contar con condiciones regulatorias y políticas públicas que impulsen la competitividad.

 

Esa inversión, recordó Quinzaños, representa 237 proyectos distribuidos en todo el país, que generan más de 355 mil empleos directos e indirectos y equivalen al 65% del desarrollo inmobiliario nacional.

“La ADI es una aliada estratégica del desarrollo económico. Seguiremos trabajando con visión de futuro y compromiso social, fortaleciendo un modelo de crecimiento sustentable que genere bienestar para las personas y prosperidad para México”, afirmó.

 

 

Durante la Asamblea, el presidente saliente, Jaime Fasja, presentó un balance de su gestión, en la que se propuso dos objetivos principales: fortalecer la presencia nacional de la Asociación y consolidar la sustentabilidad como eje de su labor. “Hoy puedo afirmar que logramos avances concretos en ambos frentes”, señaló.

 

Fasja destacó que más del 80% de la inversión de los socios de la ADI se realiza fuera de la Ciudad de México, en entidades como Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Nayarit y el Estado de México.

 

Además, resaltó la firma de un convenio con el World Green Building Council para trazar la ruta hacia la neutralidad de carbono en edificaciones hacia 2030 y 2050, así como la creación de la Guía ASG de Buenas Prácticas y un Consejo ASG que da seguimiento a indicadores ambientales, sociales y de gobernanza.

El ahora expresidente también hizo un llamado a que las reformas normativas se implementen bajo principios de claridad jurídica y equilibrio institucional, promoviendo la inversión responsable.