Lo anterior con el propósito de evitar cualquier interpretación errónea que desvirtúe y contradiga el objeto de la ley, señalaron al votar en favor de las observaciones realizadas por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

En el dictamen se modificó el texto del Artículo 94 del decreto aprobado, con el fin de evitar cualquier confusión.

En el dictamen se subraya que se ajusta el texto de los artículos que como el 26, en su fracción XX, hacía referencia a "la creación de mecanismos para combatir los procesos de acaparamiento, subutilización y especulación de los terrenos, que tiendan a revertir a favor de la sociedad las plusvalías generadas por el crecimiento urbano".

Se insiste que esta ley tiene como objetivo principal hacer realidad el derecho a una vivienda digna y adecuada de los capitalinos, así como entender a la política de vivienda como brazo integral de las políticas que generan ciudad.

La propuesta original de los artículos 26 y 94 estaba dirigida a generar mecanismos redistributivos, tendientes a compensar la falta de equidad que supone la adjudicación imperfecta y no transparente de beneficios y costos del desarrollo urbano.

De esta forma el Artículo 94 fue cambiado para quedar de la siguiente manera:

“El Gobierno de la Ciudad de México destinará los recursos recabados por concepto de mejoras, medidas de mitigación y/o incrementos a la densidad, por parte de empresas desarrolladoras, al mejoramiento del espacio público, infraestructura urbana y, en general, del entorno de la zona donde se llevó a cabo el desarrollo”.

Además podrá proponer modificaciones al órgano legislativo en materia de desarrollo urbano, a fin de contribuir al financiamiento e instrumentación del ordenamiento territorial, el desarrollo urbano sustentable, y el desarrollo metropolitano.

Ello en condiciones de equidad, conforme a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

La Secretaría de Finanzas propondrá, conforme a sus atribuciones, asignar al Instituto de Vivienda un porcentaje de esos recursos para la adquisición de reservas territoriales para la construcción de vivienda de interés social y popular, así como para la producción social del hábitat y de vivienda.

Se espera que este viernes las modificaciones surgidas de las observaciones hechas por el Jefe de Gobierno queden aprobadas por el pleno de la ALDF.