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El diputado federal del PRI, Everardo Villarreal, presentó un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al Infonavit a evitar la venta de cartera vencida a despachos jurídicos, afectando a unos 56 mil trabajadores
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Por Notimex REYNOSA, TAMPS.- El diputado federal del PRI, Everardo Villarreal, presentó un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al Infonavit a evitar la venta de cartera vencida a despachos jurídicos, afectando a unos 56 mil trabajadores. El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que por la crisis económica muchos trabajadores se vieron imposibilitados en cumplir con los pagos de créditos ante el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Agregó que tan sólo en este año se tiene un censo de unas 35 mil viviendas de Infonavit, con un costo promedio de 200 mil pesos cada una, que están deshabitadas y bajo proceso judicial por falta de pago en varios estados del país. Expuso que, según estadísticas, los estados con mayor número de viviendas de Infonavit deshabitadas son Chihuahua, con unas cinco mil en promedio, seguida por Baja California con tres mil 800, y en tercer sitio se coloca Tamaulipas con dos mil 700. Mientras, Sonora registra unas mil 900; Coahuila, mil 700; Durango, mil 700; Nuevo León, mil 200, y Sinaloa otras mil. Dijo que "la medida de vender la cartera vencida del Infonavit ha resultado en un verdadero negocio para los funcionarios y, sobre todo, para las empresas beneficiarias de la venta de cartera". Dentro del punto de acuerdo, Villarreal Salinas solicitó también que se sensibilice a los despachos jurídicos por parte del instituto, que están aplicando conceptos de cobranza social pues refirió que más que beneficiar a los trabajadores se convierten "en una amenaza social". Exhortó al Infonavit para que evalúe el rol de los despachos jurídicos para que realmente ofrezca alternativas a los trabajadores en materia de pago de cartera vencida, adecuándose a las circunstancias laborales que enfrentan los trabajadores. "Se pretende que el Instituto sea solidario con los trabajadores para encontrar salidas justas que les permitan conservar su casa y que se establezcan sanciones para aquellos despachos que tienen prácticas inhumanas y ofensivas con el trabajador", puntualizó.