La administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció, bajo la autoridad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una amplia moratoria federal de desalojos para ofrecer protección a inquilinos con dificultades que van más allá de la moratoria anterior de 120 días que expiró en julio.

Lo anterior, con la finalidad de que los moradores puedan permanecer en sus propiedades y prevenir la propagación del Covid-19. De acuerdo con los nuevos términos establecidos, aquellas personas que ganen menos de 99 mil dólares podrán recibir esta protección que entra en vigor a partir de este viernes 4 de septiembre y hasta el 31 de diciembre. Para hacer válida la prohibición, los inquilinos deberán demostrar a los dueños la dificultad de pagos por pérdida de ingresos o por gastos médicos extraordinarios.

Este decreto surge tras una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en agosto pasado, aunque ésta no bloqueó ningún desalojo. Sin embargo, esta nueva moratoria proviene de los CDC, en la búsqueda por prevenir la propagación de enfermedades fácilmente transmisibles.

Por si fuera poco, aquellos propietarios que violen la prohibición de desalojo estarán sujetos a sanciones que van desde lo económico, con multas de hasta 500 mil dólares, hasta un año de cárcel.

Principales retos por superar

Si bien algunos expertos en el tema de vivienda celebraron esta prohibición de cuatro meses sobre los desalojos, abogados y defensores de los inquilinos advirtieron que, de no decretar alguna otra ronda de ayuda de emergencia, esta medida solo retrasaría lo inevitable. Lo anterior, teniendo en cuenta que no se proporcionará asistencia financiera a los inquilinos.

Diane Yentel, presidenta y directora ejecutiva de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, la calificó como una emisión a medias, pues “aún se debe pagar el alquiler”.

Por otro lado, según la opinión de Dana Karnim abogada gerente de la organización Lone Star Legal Aid, podría suponer un reto a la Casa Blanca al interponerse entre los inquilinos y propietarios.

Firmas inmobiliarias de todo el país han calificado también la acción como una forma de apuntalar votos a tan solo dos meses de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Igualmente, consideran, podría haber demandas por parte de los propietarios quienes no han recibido pagos desde marzo y considerando que los impuestos a la propiedad, la nómina, los servicios públicos de verano y las facturas por mantenimiento continúan aumentando.

Cabe destacar que existen aún detalles sobre esta nueva moratoria que serán resueltos por los tribunales de cada estado. Por ejemplo, en California, explicaron que los propietarios no pueden desalojar a los inquilinos por no pagar el alquiler, pero sí pueden hacerlo por algún otro pretexto.

Si bien hasta ahora no está claro cuántos desalojos evitará esta medida, de acuerdo con un análisis, hasta 29 millones de estadounidenses estaban en riesgo de perder sus hogares antes de terminar el 2020. Aunque, de no haberse recuperado la economía y sin alguna otra ley del Congreso que ampare a los inquilinos, el riesgo continuará en enero.

Según Yentel, cuando el Congreso reinicie operaciones el próximo 8 de septiembre, el tema de los alquileres deberá estar entre sus prioridades.

/Con información de Bloomberg y CNET en español./