La creación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México (IPDP) representa la última oportunidad para que la CDMX pueda lograr una ciudad sostenible, resiliente e incluyente.

Ante ello, el IPDP deberá asumirse como el brazo técnico para construir un escenario alternativo, compartido, solidario y concertado de la capital.

“Propongo resolver la grave problemática territorial y atajar el déficit urbano en infraestructura ambiental, e insertar correctamente los retos y desafíos hacia la sostenibilidad, resiliencia e inclusión. Con un enfoque simplificador y focalizado en dos vertientes de acción, podremos transitar de la preexistencia de una parálisis urbana o la inacción institucional hacia una lógica y dinámica sostenida para un proyecto de ciudad”, indicó Pedro Santiago Antón Gracia, uno de los tres aspirantes a la dirección del IPDP-CDMX.

Dentro de su documento “Derecho y permiso a innovar para un futuro mejor de la Ciudad de México”, propone hacer del Instituto de Planeación un catalizador para construir inteligencia territorial para el desarrollo urbano, vivienda, urbanismo, agua, medioambiente, movilidad urbana, infraestructura, economía, social, cambio climático y prevención de riesgos a través de 17 ejes de acción principal en entre 5 a 3 años.

La planificación territorial en CDMX requiere hacer evolucionar la participación ciudadana tradicional hacia verdaderos escenarios de concertación pública, implicando a los principales actores.

Se propone entonces, con el soporte de una transición inteligente y ordenada previa, destinar 5 años para desarrollar todo el proceso completo de renovación de los instrumentos de Planificación Territorial de la CDMX.

En la primera etapa se prevé la implementación del mecanismo de intervención urbana en la Ciudad, donde “no se limita a los simples dictámenes de uso de suelo, ya que en la medida en que ésta sea más eficiente y eficaz se podrá entrar a la segunda etapa con pasos firmes y sin presiones políticas, técnicas y de temporalidad”.

En la etapa segunda, que serían de los años 2021 a 2025 en la que se prevé la implementación correcta del Plan General de Desarrollo Urbano (PGDU), y los planes de las delegaciones, ya que actualmente se hace a través de procesos mal enfocados, desaseados e improvisados ante los actores principales de la ciudad y la ciudadanía.

En la tercera etapa, que sería de los años 2026-2028 se relanzaría la cuestión metropolitana hacia la formulación de un verdadero Plan Metropolitano (ZMCM).

Antón también propone una fábrica urbana para la experimentación, innovación, difusión y concertación pública, formación y capacitación de nuevos cuadros y expertise técnico; planeación económica-sectorial estratégica y la inversión necesaria APP + Banca de Desarrollo + Fondos Verdes + Recursos propios en materia principalmente de Manejo Integral de Circuito del Agua, Movilidad Regional, Manejo de desechos, Medio Ambiente y Vivienda.

Finalmente, el arquitecto propone desaparecer por discrecionales, los “Sistemas de Actuación” que han generado una visión mercantilista de la Ciudad y una auténtica “guerra por el espacio urbano” entre desarrolladores inmobiliarios y asociaciones de vecinos.