Los mercados de carbono son impredecibles por diseño, y la conservación no puede construirse sobre la imprevisibilidad. Tan solo entre 2022 y 2023, los créditos forestales –la categoría más relevante para la conservación del paisaje– vieron caer sus precios un 23%, incluso cuando el volumen total de transacciones del mercado se redujo a más de la mitad en el mismo periodo.

Esta imprevisibilidad es importante porque las personas que realmente realizan el trabajo de conservación, como los propietarios rurales, los pequeños agricultores y las comunidades indígenas, son quienes quedan expuestos cuando los precios colapsan o los compradores se retiran. 

Un propietario de tierras, que acuerda renunciar a la tala o a no permitir el ramoneo de ganado a cambio de pagos por la captura de carbono, ha hecho un compromiso de varios años –a menudo de varias décadas–, mientras que el mercado no ha hecho ningún compromiso equivalente. 

Durante el 2022 y 2023, el mercado de CO2 se contrajo drásticamente, cayendo por segundo año consecutivo desde su pico en 2021. ¿El resultado? Este tipo de acuerdos se vieron amenazados en todos los ámbitos, no porque la conservación hubiera fallado, sino porque el mecanismo de financiamiento no tenía un piso mínimo.

Tradicionalmente se han considerado dos caminos: construir mercados voluntarios más grandes y líquidos, o depender de los presupuestos y subvenciones públicos –que suelen ser impredecibles y están disminuyendo en muchos países donantes–. Ninguno de los dos caminos, por sí solo, ha proporcionado financiamiento a la escala que los ecosistemas y las personas que los protegen realmente necesitan.

Un tercer camino es crear una política pública, no como sustituto de los mecanismos de mercado, sino como su base. Los gobiernos subnacionales y nacionales no necesitan esperar a que la arquitectura internacional de finanzas climáticas madure antes de actuar.

Un impuesto al carbono, con ingresos destinados a la conservación, o un estándar de certificación jurisdiccional que genere demanda independientemente de los compradores voluntarios, puede diseñarse e implementarse a nivel estatal o provincial, como se ha demostrado en Querétaro. Estos instrumentos son políticamente más duraderos de lo que parecen. Una vez que los ingresos fluyen hacia cientos de propietarios rurales, y benefician a las comunidades, el grupo interesado en proteger el mecanismo, y los bosques mismos, crecen en consecuencia.

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La conclusión que puedo extraer de casi cuatro décadas de trabajo de conservación comunitaria en la Sierra Gorda de México no es que los mercados de carbono sean inviables, sino que están incompletos. Necesitan una base de política pública que no sustituya a los mecanismos de mercado, sino que los estabilice, de modo que los pagos a los propietarios de tierras no suban y bajen con la demanda especulativa en mercados voluntarios a miles de kilómetros de distancia.

En Querétaro, hemos probado una versión de política pública a nivel estatal a través del mecanismo del Sello Querétaro –desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) del estado–. Se trata de un certificado de bajas emisiones que opera en combinación con un impuesto estatal al carbono para los sectores industriales.

Este permite a las empresas reducir su base gravable hasta en 20% mediante el financiamiento de proyectos certificados de conservación y regeneración forestal en Querétaro. Los pagos de las empresas, realizados específicamente para compensar emisiones y acceder al beneficio fiscal, van directamente a los propietarios rurales que se comprometen a conservar y regenerar naturalmente sus tierras, creando una fuente de ingresos para la conservación, anclada en la ley y en un incentivo fiscal conocido.

El resultado es que los pagos a los propietarios participantes no dependen de si una multinacional decide priorizar, o no, la compensación, ni de si existe o no confianza en los créditos voluntarios. El mecanismo público proporciona la base, mientras que las ventas en el mercado voluntario –cuando ocurren– se convierten en un complemento, en lugar de la única fuente de ingresos. Se trata de que la política pública sea la base sobre la que el mercado puede construir.

Este no es un modelo exclusivamente mexicano –ni debe interpretarse como un argumento para que los gobiernos reemplacen a los mercados–. Los instrumentos de fijación de precios del carbono, como impuestos, gravámenes subnacionales y mercados de cumplimiento han existido junto a los mercados voluntarios durante años en otros contextos. Lo que se utiliza poco es la combinación de instrumentos de ingresos públicos con acuerdos de conservación a nivel de propietario.

Nuestro propio programa de captación de carbono, Carbono Biodiverso, alcanzó un umbral significativo en 2025, cuando cada hectárea de bosque y sus servicios de captura de CO2 inscrita en el programa fue cubierta por empresas participantes que querían reducir sus emisiones y su base gravable bajo el mecanismo del Sello Querétaro. Un mecanismo puramente voluntario, expuesto a las fluctuaciones de los precios globales, habría tenido dificultades para lograr estos resultados por sí solo. Esto representa una lección para los gobiernos y las instituciones multilaterales que actualmente debaten cómo escalar las finanzas para la conservación, en medio del creciente escrutinio de los mercados voluntarios de carbono.

Los mercados de carbono son importantes, pero insuficientes por sí solos. Si la fuente de ingresos es inestable, incluso un crédito perfectamente verificado no producirá resultados de conservación duraderos, ni beneficiará a los propietarios de tierras, de quienes realmente depende todo el sistema.

* La autora es fundadora y directora general de Grupo Ecológico Sierra Gorda, institución creadora del programa Carbono Biodiverso.