Grupo Gicsa, una desarrolladora de centros comerciales y complejos de usos mixtos, informó que logró consensuar con los tenedores de sus bonos un periodo de espera de 90 días, tiempo en el que suspenderán ciertas obligaciones financieras, como parte del proceso de reestructura financiera, tras las afectaciones sufridas por la pandemia.

El acuerdo contempla esperar el pago de intereses y constitución de reservas y espera que se confirmen en las correspondientes asambleas de tenedores de certificados “GICSA15”, “GICSA16U”, “GICSA17”, GICSA18U” y “GICSA19”, que se pretenden celebrar en los próximos días. 

“La espera forma parte del proceso de Gicsa para desarrollar, analizar y evaluar alternativas estratégicas integrales para atender su estructura de capital, maximizar el valor a largo plazo y posicionarla en una revitalización financiera, luego de los desafíos extremos que nos afectan como resultado de la pandemia COVID-19”, explicó la emisora en un comunicado. 

Resaltó que durante los 90 días de gracia continuarán las conversaciones con sus acreedores financieros con la finalidad de que, tan pronto como sea posible, se encuentren soluciones que respalden su viabilidad financiera a largo plazo y crecimiento futuro. 

“No podemos asegurar que lo anterior dé lugar a alguna alternativa o transacción, o asegurar un resultado o tiempos. Las acciones y procesos pueden incluir modificaciones a nuestro endeudamiento, reestructuración de activos, y otros medios para administrar nuestros pasivos”, aclaró la emisora. 

Gicsa ha entrado en una etapa de debilidad financiera por los efectos negativos de la pandemia, que provocó una reducción y cierre en el tráfico de centros comerciales, así como en la afluencia a las oficinas.

A la par, la agencia calificadora HR Ratings revisó a la baja la calificación de HR BBB+ a HR B-, manteniendo la observación negativa para GICSA y sus emisiones de deuda bursátil vigentes. Dichos niveles muestran la susceptibilidad que tiene la empresa de caer en default o en incumplimiento de pago.

“La modificación de la calificación se fundamenta en los bajos niveles de liquidez, alcanzando una caja de 633 millones de pesos al tercer trimestre del año, en comparación con sus obligaciones de pago de principal de corto plazo por 2,806 millones de pesos, de los cuales 1,700 millones de pesos corresponden a la emisión de bonos del 2019 con fecha de vencimiento en marzo de 2022”, dijo la calificadora.

Destacó que se tiene poca claridad sobre el proceso de venta de propiedades y reestructura de pasivos. Aunado al hecho de que la empresa anunció que un grupo de arrendatarios que, a pesar de mantenerse bajo obligaciones contractuales, se encontraban en incumplimiento de pago de rentas.

Por lo anterior, “las cuentas por cobrar alcanzaron niveles de 1,332 millones de pesos al tercer trimestre del 2021, de los cuales 700 millones de pesos se reconocerán como cuentas incobrables en resultados durante los siguientes trimestres. Esto representa una presión adicional para la generación de Flujo Libre de Efectivo (FLE) para los siguientes periodos”.