El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) dio a conocer que con el anuncio de la creación de una empresa estatal para la venta y distribución de gas LP a través de cilindros para supuestamente moderar los precios creará más problemas al impedir la libre competencia de mercado, tal como se maneja prácticamente hasta la fecha.

“Según el Ejecutivo, han aumentado desproporcionalmente (los precios) debido al abuso de las empresas privadas de la industria”. Sin embargo, el precio del gas ha aumentado por el alza en su importación y al elevado precio del crudo que se ha registrado desde hace meses.

“Aunque es posible que haya problemas de concentración en la industria gasera mexicana (que podría agravar el aumento del precio). Desde un punto de vista técnico económico, la respuesta más adecuada al problema es ofrecer mejor regulación y más competencia.

El CEESP destacó que la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) ha trabajado en el tema, sin embargo, el Gobierno Federal, de la autollamada Cuarta Transformación (4T) el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador “tiene poca fe en la competencia y mucha confianza en la eficiencia de las entidades paraestatales, mismas que claramente han sido una fuente de pérdidas para el contribuyente a lo largo de los años”.

Además, para bajar su precio, se requerirán subsidios, que significan un costo para los impuestos y representará “una competencia desleal para la industria, relacionado con ello, la medida ha despertado temores de control de precios”, en una clara estatización de los insumos energéticos.

El CEESP agregó que aunque los pronósticos de crecimiento de la economía se acercan al 6% y para el 2021 a 3%, será por un “efecto rebote” tras la pandemia, por lo que es urgente tomar medidas que faciliten la reactivación económica.

Destacó que el Gobierno Federal debe adoptar una decisión “sencilla y menos costosa, como es la adopción de una posición oficial más racional frente a la inversión, más acorde a nuestros tiempos y mucho menos ideológica en inyección de capitales privados, nacionales y extranjeros.

Inseguridad pega a economía

El CEESP agregó que los elevados niveles de inseguridad en México se relacionan con la incapacidad para controlar la delincuencia, que dejan en evidencia la fragilidad del del Estado de derecho que fortalece la impunidad, genera costos importantes para personas y empresas, y altera sus formas de consumo e inversión.

“La inseguridad se han convertido en un impuesto, en ocasiones silencioso y a menudo en forma de extorsión, que obliga a los agentes económicos a desviar recursos escasos para su protección y la seguridad de sus procesos productivos, además del costo que implican los efectos post delitos”.

En ese sentido, el organismo destacó que “Calcular el costo de la inseguridad es complejo y varía significativamente” y comparó La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre el Delito 2020 (ENVIPE) del INEGI, que señaló que en 2019 el costo del delito representó 1.5% del PIB. En contraparte, un cálculo del centro de estudios Institute for Economics & Peace, indica que en valor presente el costo de la violencia en México alcanzó el 21.3% del PIB con cifras para el mismo año, es decir, prácticamente una quinta parte de la economía.