Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Función Pública (SFP) y Distribuidora y Comercializadora (Diconsa), usan adjudicaciones directas como método de contratación.

Así lo menciona una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que añade que estas instituciones federales no priorizan la licitación pública y destinan miles de millones de pesos a las adjudicaciones directas, lo que propicia la corrupción.

“Esto implica mayor susceptibilidad a la corrupción y representa una barrera a la competencia en las compras públicas. Como parte de la investigación del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), el IMCO detectó instituciones federales que, en 2020, favorecieron los procesos de excepción sobre la licitación pública”.

Así, Birmex, empresa de propiedad estatal, asignó el 98% del monto destinado a compras públicas por el procedimiento de adjudicación directa, es decir, más de 3 mil 800 millones de pesos (mdp) gastados sin concurso.

El Insabi destinó 12 mil mdp en compras públicas a través de adjudicaciones directas, un 75% del monto total en 2020. Mientras que la Semar no destinó recursos por licitación pública en 2020, adjudicó mil 900 mdp por adjudicación directa (72%) y 671 mdp por invitación restringida (25%).

En tanto que ocho de cada diez pesos gastados por la Secretaría de la Función Pública en procesos de compra fueron por adjudicación directa, solo uno de cada diez se destinó a procesos de licitación pública. Y Diconsa adjudicó únicamente el 4% a través de licitaciones, lo que representa 460 mdp pesos.

La investigación señala que “las leyes de adquisiciones y obra pública en México establecen que las compras públicas se asignarán por regla general a través de licitaciones públicas y solo en casos excepcionales, debidamente justificados, por adjudicación directa o invitación restringida.

La finalidad es garantizar la competencia entre posibles proveedores y asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y crecimiento económico. Para ciertas instituciones de la Administración Pública Federal, este no es el caso”, indica en un comunicado.

El IMCO añade que la ausencia de criterios objetivos para seleccionar proveedores abre espacios a decisiones discrecionales y fallas en la competencia, transparencia y cumplimiento de la ley, y que las instituciones federales realizan más de 150 mil compras cada año.