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Se busca aumentar el acceso a los programas, servicios y actividades federales para las comunidades desfavorecidas en Estados Unidos.

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El presidente Joe Biden firmó una orden que exige a todas las instancias realizar más medidas contra la desigualdad racial en Estados Unidos (EU), con ello, la revisión inicial de las disparidades en los servicios y el trato del gobierno, se conviertan en un requisito anual para las agencias federales.

 

La firma ocurre en el Mes de la Historia Negra, del 1 de febrero al 1 de marzo, una observación anual en EU, Canadá, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido y otros países. 

 

El objetivo es aumentar el acceso a los programas, servicios y actividades federales para las comunidades desfavorecidas. Las agencias también deben centrarse en las nuevas amenazas a los derechos civiles, como la discriminación en la tecnología automatizada.

Asimismo, en el acceso para personas con discapacidades y para quienes hablan otros idiomas además del inglés. Incluye un impulso para mejorar la recopilación, la transparencia y el análisis de datos para ayudar a mejorar la equidad, de acuerdo con una publicación de AP.

 

 

“Al promover la equidad, el gobierno federal puede apoyar y empoderar a todos los estadounidenses, incluidas muchas comunidades que han quedado desatendidas, discriminadas y afectadas negativamente por la pobreza y la desigualdad persistentes”, declaró Biden.

Chiraag Bains, asistente adjunto del presidente para justicia racial y equidad, dijo que la nueva orden institucionaliza la promesa de que el gobierno sea abierto y accesible para todos y “es un reconocimiento de que lograr la equidad no es un proyecto de uno o dos años. Es un compromiso generacional”.

 

231 millones de dólares para restringir el acceso a armas

Recién, Joe Biden anunció que el gobierno del país dará 231 millones de dólares para que los estados que lo deseen implementen programas destinados a restringir el acceso a armas de fuego y ofrecer tratamientos de salud mental.

El monto aprobado será distribuido por el Departamento de Justicia, y el gobierno tiene acceso a él porque fue aprobado por el Congreso en junio del 2022, cuando demócratas y republicanos accedieron a aumentar el control sobre las armas de fuego por primera vez en treinta años.