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En momentos de alta incertidumbre económica, como los que actualmente vive México y el mundo, la inversión privada requiere de un entorno estable, con reglas claras, respeto a la ley y condiciones que promuevan la competencia.

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Cualquier obstáculo que atente contra estas premisas pone en riesgo el crecimiento económico, la generación de empleos y el desarrollo regional. Las empresas viven un escenario externo complejo como para que se sumen elementos de riesgo internos ajenos a la empresa y la autoridad.

 

En un contexto nacional e internacional donde México busca posicionarse como destino atractivo para la inversión, particularmente con el auge del nearshoring y en el marco del Plan México, debemos destacar la importancia de garantizar un ambiente de certeza jurídica y operativa que traigan la inversión productiva.

 

Un ejemplo reciente de lo que no debe suceder se vive actualmente en el estado de Hidalgo, donde la empresa Time Ceramics ha solicitado el apoyo urgente de las autoridades para poner fin al bloqueo ilegal que impide la operación normal de su planta industrial. El conflicto es generado por integrantes del sindicato de transportistas del cemento, encabezado por Carlos Ortega, quienes demandan controlar en su totalidad la entrada y salida de materiales y productos de la empresa.

De acuerdo con un comunicado emitido por la propia compañía, el gremio en cuestión exige ser el único proveedor de transporte para Time Ceramics, lo cual representa una violación al principio de libre competencia y va en contra del derecho que tienen las empresas de elegir a sus proveedores conforme a criterios de calidad, costo y eficiencia.

 

 

La empresa afirma que no tiene adeudos previamente reclamados, hasta el viernes el sindicato mantenía bloqueado el acceso a la planta con camiones que impiden tanto el ingreso de materia prima como la salida de producto terminado.

Esta situación no solo afecta la continuidad de la operación, sino que pone en riesgo a los más de 600 trabajadores que laboran en la planta, quienes actualmente carecen de agua potable debido a que los bloqueos también impiden el acceso de pipas.

 

La compañía ha reiterado su apertura al diálogo, pero ha dejado claro que no puede aceptar condiciones que violen la ley o afecten la competitividad. "Este tipo de acciones ilegales y coercitivas son un atentado directo contra el libre mercado, además de representar un riesgo sanitario y económico para la región", señala la empresa.

 

Por lo que, la intervención pronta de las autoridades es fundamental para evitar que conflictos particulares se conviertan en señales negativas para quienes buscan apostar por el desarrollo del país y atraer más inversiones.