De acuerdo con especialistas, usar tecnología digital en edificaciones públicas de México, como Building Information Council, puede reducir los excesos en su valor hasta un 3%, una gran desahogo si se toma en cuenta que el precio de las configuraciones que deben realizarse eleva un 20% el precio total del presupuesto propuesto al inicio.
Los errores se evitan porque a través de esta, se hace la representación de la construcción por completo, desde la elección del terreno, hasta la colocación de los últimos elementos, involucrando a todos los participantes del proyecto, como proveedores de materiales, arquitectos, ingenieros, etcétera; así, las correcciones primero se realizan en la plataforma, sin comprometer recursos.
Aunque esta herramienta no es nueva y su utilidad ha sido demostrada, no ha sido adquirida como regla por el gobierno mexicano en las obras públicas, pues se usa solo en un 20% de los proyectos, indican datos recopilados por el BIM Group Task. En comparación con el sector privado, en donde se registra un uso de aproximadamente 80 por ciento.
Pero esto podría cambiar en los próximos años, pues un grupo de empresarios ha trabajado con el diputado Ricardo Exsome Zapata, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en la reforma a la Ley de obras públicas y servicios se agregue el artículo 10bis, que dictará el uso de esta tecnología.
Según una publicación de Expansión, la iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados bajo las siglas MIC, por su denominación en español. Según la hoja de ruta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el inicio del uso obligatorio de esta herramienta se dará en el 2026.
Con la modificación, el país aumentaría la transparencia en su gestión de construcción, reduciría costos y eficientaría el gasto de recursos públicos. Con ello se sumaría a Francia, que desde el 2010 usa la herramienta de manera oficial y exige su uso para proyectos de más de 20,000 euros; también a Gran Bretaña, en donde el gobierno lo usa para todas sus obras desde el 2016.