La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, presentada por Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, de ser aprobada, provocará el aumento del precio de todos los productos y servicios en México.

Además, será un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a que la “iniciativa intenta impedir la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica”.

A través de un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), acusó que no hubo diálogo con los sectores afectados y abre un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis provocada por la pandemia.

Además, que incumple la promesa de López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración.

Las afectaciones de esta propuesta al país son mayúsculas, pues:

1.- Abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad. Además de “violar la Constitución”.

2.- Atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsada por la ONU y el Acuerdo de París. Esto generará que las empresas afectadas inicien procesos de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados.

3.- Viola la no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular. Esto tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, por lo que implicará indemnizaciones del Estado a dichas empresas.

4.- Contraviene las garantías de certeza jurídica, de debido proceso y de contratación pública. Este acto de autoridad modificaría, de manera unilateral, los derechos de los particulares para cancelar permisos, renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos.

El CCE y los organismos que lo integran, exhortamos al poder legislativo a una reflexión profunda y a rechazar esta iniciativa, que afectaría gravemente a México, aumentando los precios de productos y servicios, y provocando una mayor caída en la inversión nacional y extranjera justo en el momento que requerimos mantener y generar empleos para la recuperación económica.

Entre los organismos firmantes están Coparmex, la ABM, Concanaco Servytur, la AMIS, ANTAD, Canacintra, Concamin, y el Comce, entre otros.