En años recientes la delincuencia ha incrementado su actividad en el robo y distribución ilícita de Gas LP, que afectan severamente a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a las finanzas públicas, por lo que se es necesario aplicar medidas efectivas de inteligencia y operativos selectivos para restablecer el Estado de Derecho y brindar más seguridad y estabilidad a la sociedad mexicana.
Pese a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su informe de gobierno dijo que había disminuido el robo de combustible, o huachicoleo en 95%, el mercado negro de Gas LP se ha convertido en una actividad rentable para grupos que operan al margen de la ley Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Tamaulipas.
Son 2 los problemas principales, según destaca la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas (Amexgas):
1) El origen es el robo continuo y creciente a los ductos de PEMEX, lo que impacta negativamente a la empresa del Estado y con ello al patrimonio de todos los mexicanos.
2) La distribución ilícita del gas robado mediante instalaciones, personas y equipos de reparto que no cumplen con las condiciones de seguridad de operaciones y de protección al consumidor final que establece la ley para garantizar la seguridad del 80% de los hogares mexicanos que consumen el energético.
Amexgas agregó que durante 2019 se registraron 13,136 tomas clandestinas, con 58,000 toneladas robadas por mes, con un valor de mercado de 13 mil 224 millones de pesos al año; las cifras durante 2020 fueron de 23,323 tomas clandestinas con un estimado de 102,950 toneladas robadas por mes, con un valor de mercado de 30 mil 168 millones de pesos al año.
Crecimiento año contra año
Este incremento tan fuerte se explica por el desafortunado crecimiento del 77% del número de tomas clandestinas del 2020 y por el incremento de los precios internacionales de los energéticos este año.
El robo de combustibles se ha padecido durante las últimas dos décadas, sin embargo, durante varios años se mantuvo acotado en un volumen menor, que permitió contener el daño ocasionado al Estado mexicano y la sociedad en su conjunto.
Para el periodo comprendido entre 2012-2018, las tomas clandestinas del ducto principal de PEMEX se incrementaron 750%, acumulando 41,316 tomas a lo largo del sexenio. Tan solo en los últimos 3 años acumulan 49,040 tomas clandestinas, lo que representa el 59% de todas las tomas acumuladas en los últimos 20 años. Esta situación provocó que el año pasado el ducto estuvo fuera de operación 140 días, es decir el 38% del año, con los costos de mantenimiento, el riesgo y el impacto en generar posibles desabastos para la población.
Ilícito tras ilícito
Para completar la cadena del robo de gas, se han formado agrupaciones y sindicatos blancos que pretenden mediante acciones violentas controlar las zonas de reparto, afectando la recaudación de impuestos, fuentes laborales formales y empresas formales que se dedican a la distribución.
Aunado a ello, se frenan nuevas inversiones en el sector energético, pero principalmente pierde la sociedad mexicana, al verse rebasada por la delincuencia y exponerla a inminentes accidentes de graves consecuencias y a pagar todos los costos implícitos de este entorno.
El saqueo a Pemex ocasiona un desfalco económico de gran magnitud, cuyos recursos podrían atender importantes necesidades de impacto social en el país.