La contrarreforma al sector eléctrico presentada por el ejecutivo federal traerá diversas consecuencias adversas para la economía, que de acuerdo con los analistas del sector privado van desde aumento en los costos promedio de precios de la industria eléctrica, controversias en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el incremento de uso de energías contaminantes, además de una mayor pérdida de confianza de los inversionistas sobre México por un nuevo impacto adverso en el estado de derecho.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) “La iniciativa que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al limitar la participación de la industria privada en el mercado eléctrico mexicano y desmantelar la estructura institucional regulatoria del mercado eléctrico actual”.

Agrega un análisis del IMCO que “esta iniciativa reduce la competitividad del país al elevar los costos de la electricidad para los hogares y las empresas mexicanas, daña al medio ambiente y atenta contra el Estado de derecho en un sector clave para la economía nacional. De aprobarse, los principales afectados serán los mexicanos, quienes pagarán el costo a las finanzas públicas, ya sea a través de mayores tarifas eléctricas o mediante impuestos que serán necesarios para financiar los mayores costos de generación. Asimismo, deberán asumir el costo ambiental de apostar por combustibles fósiles en un mundo donde la descarbonización se ha vuelto la norma, y enfrentar las consecuencias de ser un país con menores oportunidades de crecimiento y desarrollo económico.

Por su parte, un análisis de BBVA México señala que “otorgar participación de mercado en una proporción fija a una empresa poco eficiente no logrará reducir los precios sino que los aumentará. Esto considerando que el costo promedio por megawatt-hora (MWh) de las plantas de CFE a 2020 ciclo combinado alcanza los $1,416, 23.6% más cara que el precio promedio de los generadores independientes ($1,145 / MWh)”.

El análisis de la institución financiera puntualiza que “la generación privada se realiza a menores costos y representa también menores precios que la CFE paga bajo los contratos con PIE y SLP de los que pagaría generando la energía en sus propias centrales. Esto se traduce en precios más bajos para los usuarios de energía eléctrica y complementan la capacidad de CFE para atender la demanda nacional ha aumentado en el contexto de la contingencia. La CFE podría decidir no trasladar los aumentos de precios a los consumidores mediante esquemas de subsidios, pero ello implicaría un mayor costo fiscal. En cualquier caso, la población sería afectada por una estructura de producción más costosa”.

En particular, destaca que el gasto promedio en energéticos de los hogares mexicanos ha aumentado 1.88% en términos reales de 2018 a 2020 y en particular, el aumento de gasto en energía se incrementó en 7.36% en términos reales en el mismo periodo.

Asimismo, destacan que “en materia de sustentabilidad e inversión, la eliminación de los Certificados de Energía Limpia (CEL) reduce los incentivos para incrementar el uso de energías renovables dificultando el camino de México hacia el cumplimiento de los Acuerdos de París generando 35% de la energía eléctrica de fuentes renovables. Por otra parte, desincentiva la inversión de forma general pues implica mayor incertidumbre en cuanto al marco legal ya que la propuesta de reforma es violatoria del principio de no retroactividad de la ley además de violar acuerdos comerciales, entre ellos el T-MEC. Por último, si tomamos en cuenta también que México cuenta con una de las reservas de litio más grandes del mundo y monopolizar la explotación de este mineral sería una limitante a la innovación tecnológica y la inversión”

En materia de competencia económica, BBVA indicó que transferir la Cenace como parte orgánica de la CFE iría en detrimento del proceso competitivo en el sector.

Al respecto, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base señaló que es “otro golpe a la recuperación de México desde la política económica”.

Afirmó que “la iniciativa de reforma eléctrica implica más control del estado. Repercusiones: mayores costos para usuarios finales, presión sobre las finanzas públicas, posibles recortes en la calificación, salidas de capitales, menor inversión fija y menor crecimiento económico de largo plazo”.