En varias ocasiones, el Ejecutivo Federal ha hecho consultas exprés y al vapor para iniciar o dar un revés a diversas obras de construcción de infraestructura, o simplemente, para impedir que diversas empresas inviertan en ciertos estados.

Lo anterior se vivió en medio de un mitin polémico en Gómez Palacio, Durango, en junio de 2019, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador sometió a consulta a mano alzada si se debían  concluir las obras de un Metrobús en la Laguna, la cual que obtuvo un “no” casi por aclamación. 

En marzo de 2019, el gobierno federal impulsó la consulta a habitantes de pueblos originarios de Oaxaca y Veracruz para la obra del Istmo de Tehuantepec, en la que participaron 2 mil 734 personas, con las cuales se iniciaron obras sin consultar a nadie más.

La más polémica fue cuando en un ejercicio autocrático, del 25 al 28 en octubre de 2018 se hizo una consulta exprés para decidir si se construían dos pistas de aterrizaje en Santa Lucía o se continuaba con las obras del aeropuerto en Texcoco, el cual comenzó el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En el ejercicio, costeado por Morena- participaron un millón 67 mil 859 personas, de las cuales 747 mil (69%) votaron por Santa Lucía, y 310 mil 463 (29%), por la obra de Texcoco.

A las anteriores, se sumó la construcción o cancelación de una planta cervecera de Constellation Brands en Baja California, que representaba una inversión de 1,400 millones de dólares y generarían cerca de 4 mil empleos directos, pero ante la consulta, se revocó.

En este sentido, se inscribió en el Senado de la República el proyecto de decreto para expedir la Ley Federal de Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas, que obligaría al Estado mexicano a reconocer a dichas comunidades como sujetos de derecho y consultarlas cuando cualquier proyecto planeado afecte tierras, territorios o recursos.

La Ley Federal de Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas, que propone senador jalisciense plantea garantizar información sobre cualquier programa, proyecto, acción gubernamental, así como de cualquier medida legislativa o administrativa susceptible a afectarles.

Además, establece quiénes pueden ser sujetos de consulta, los mecanismos de participación y los sujetos obligados a realizar el ejercicio.

Determina las medidas que deberán someterse a consulta previa, libre e informada, como las legislativas; administrativas; acción o política de desarrollo que afecten los sistemas normativos o el ejercicio de los derechos de los pueblos; proyectos y obras; medidas administrativas y acuerdos del Poder Judicial, entre otros.

Determina siete etapas de la consulta previa: la identificación de la medida objeto de la consulta; la identificación de los pueblos o comunidades consultadas; la de publicidad e información; de deliberación; la consulta; la decisión, en la que se establecen los posibles efectos de la consulta y su carácter vinculante; y finalmente, la evaluación y el seguimiento.

 “Las consultas que el Gobierno de México ha realizado para desarrollar sus proyectos faraónicos, no tienen base legal ni protocolos mínimos apegados a los derechos humanos. Basta recordar que la consulta que se realizó para iniciar la construcción del Tren Maya se difundió tres días antes del ejercicio”, argumentó Clemente Castañeda, Castañeda coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado.

El senador argumentó que el actual “Estado mexicano ha sido omiso en su obligación de garantizar el derecho a la consulta y legislar en la materia, incluso a pesar del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó al Congreso de la Unión emitir una ley que reglamente el derecho a la consulta previa, libre e informada, antes del 31 de agosto de 2021”.

En su presentación para su discusión, el legislador señaló que hay un sentido de urgencia ante las políticas del Gobierno Federal, “que han impuesto un decreto presidencial para desarrollar obras sin la necesidad de consultar, informar y transparentar”, las cuales impactan negativamente en la inversión y la economía del país.

Con información del Senado y Forbes