El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) afirma que todos sus procesos de contratación, compra y adjudicación directa se realizan en estricto apego a la ley, así como bajo los esquemas dispuestos por el Órgano de Control correspondiente y la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Lo anterior después de que en el Índice de Riesgos de Corrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) de junio, se indicara que aumentó el riesgo de corrupción del grupo que opera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en 48.3 puntos.
Por lo que en un comunicado, el GACM “precisa que la interpretación de algunos medios de comunicación al Índice de Riesgos de Corrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) del mes de junio, presenta inexactitudes respecto al desempeño de este organismo durante los años 2020 y 2021.
“En dicho reporte, el propio IMCO reconoce que el nivel de gasto de GACM es bajo, con lo que su nivel de riesgo se encuentra en el mismo rango, incluso cuando refiere que las adquisiciones en su mayor parte se llevaron a cabo por adjudicación directa”.
Datos del índice del IMCO, publicado el 21 de junio pasado.
Añade que informa a las instancias correspondientes de los mecanismos utilizados para las contrataciones, y que las adquisiciones y sus modalidades las reporta a la SFP mediante Compranet, del que no ha recibido observación, lo que corrobora que las realiza “en apego a la normativa aplicable y vigente”.
Finalmente, el GACM deja en claro que en ninguna parte del índice se indica que durante el 2021 las compras hayan estado “plagadas de irregularidades”, que se hayan otorgado “contratos a empresas fantasma o sancionadas” o que se haya incumplido con las “leyes de contrataciones”.
El 21 de junio, el IMCO señaló que las áreas más vulnerables a la corrupción en México son las compras públicas, y en su análisis acota que “el GACM fue la institución con el mayor retroceso de 2020 a 2021: su riesgo de corrupción aumentó en 48.3 puntos”.
“Las instituciones federales incumplieron las leyes de contrataciones al adjudicar más de 9 mil mdp a proveedores riesgosos como empresas fantasma, sancionadas y de reciente creación”; dijo que un 29% de las instituciones aumentó su puntaje de riesgo de corrupción en las compras públicas respecto a 2020.
“Aunque el Gobierno Federal ha declarado la lucha anticorrupción como una de sus principales banderas, las acciones y resultados para atender un fenómeno complejo han sido insuficientes”, expresó el IMCO; en el índice, agregó a instituciones como Liconsa, Banco del Bienestar, Insabi, Banobras o Segalmex.