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La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) expropió una superficie de 610 hectáreas de terrenos al ejido Caucel, en el municipio de Mérida, Yucatán, a favor del gobierno del estado para destinarlos al desarrollo urbano, la construcción de vivienda e infraestructura
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Por Real Estate Market CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) expropió una superficie de 610 hectáreas de terrenos al ejido Caucel, en el municipio de Mérida, Yucatán, a favor del gobierno del estado para destinarlos al desarrollo urbano, la construcción de vivienda e infraestructura. En comunicado de Secretaría de la Reforma Agraria se dio a conocer que esta expropiación permitirá disponer de tierras para destinarlas al crecimiento ordenado de la ciudad de Mérida, con lo que será posible dar respuesta a la demanda actual y futura de vivienda, respetando los recursos naturales de la zona. Así mismo la SRA publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expropia a favor del gobierno de Yucatán, por causa de utilidad pública, las 610 hectáreas de agostadero de uso común al ejido Caucel, cuyos integrantes celebraron previamente una asamblea en la que manifestaron su anuencia. A cambio de los terrenos, el ejido recibirá una indemnización por 84 millones 778 mil 846 pesos, recursos que deberá cubrir el gobierno de Yucatán entregándolos directamente al Ejido o depositándolos a favor de éste en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), donde podrán generar rendimientos. Una vez que el gobierno de Yucatán haya acreditado el pago de la indemnización, la Secretaría de la Reforma Agraria procederá a llevar a cabo la ejecución de la expropiación de los terrenos acordados. El decreto establece que el Fifonafe deberá verificar que la superficie expropiada sea utilizada para el desarrollo urbano, la construcción de vivienda e infraestructura en un plazo no mayor a cinco años o de lo contrario promoverá la reversión de la totalidad o de la parte de los terrenos expropiados que no hayan cumplido con la causa de utilidad pública. Con la expropiación se podrá dar respuesta a las necesidades de vivienda, equipamiento e infraestructura urbana de la ciudad de Mérida, se generará derrama económica de la industria de la construcción y se crearán empleos directos e indirectos, señala el decreto.