La inversión privada en infraestructura inmobiliaria, industrial, comercial y de servicio contribuye al crecimiento económico nacional y regional, al impactar en tres de las cuatro ramas productivas y la generación de millones de empleos, aportando miles de millones de pesos en impuestos, comenta Rafael Méndez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC, en su presentación Infraestructura de Obra Privada.
El sector de la construcción refleja un entorno competitivo, pero también está lleno de oportunidades, de crecimiento. Comprender las dinámicas de este mercado es esencial para la inversión en infraestructura privada como motor de inversiones y desarrollo.
Para aprovechar este mercado potencial, las empresas deben enfocar sus estrategias en innovación, eficiencia en costos y adaptación a las nuevas tendencias del sector. Esto incluye desde el uso de nuevas tecnologías hasta la implementación de modelos de negocios más sostenibles.
7.4% del PIB nacional
En México, al cierre del primer semestre de 2024, la inversión privada representa el 21.4% del PIB, en tanto que la inversión pública equivale al 2.9% del PIB. De ahí, parte importante corresponde a la construcción, el quinto sector económico generador de riqueza, con el 7.4% del PIB, equivalente a 2.3 billones de pesos (superada por Transporte, correos y almacenamiento, 8.1%; Servicios inmobiliarios, 9.0%; Industrias manufactureras, 20.8%, y Comercio, 21.4%).
4.8 millones de empleos
En cuanto al empleo nacional, la construcción representa la sexta actividad económica con mayor número de personas ocupadas, con 4.8 millones de puestos –8% de los empleos totales al primer semestre de 2024–.
Y en lo fiscal, del 2011 al 2023, el número de empresas constructoras contribuyentes se incrementó en más del 10 por ciento. En 2023, aportaron por concepto de IVA, 54 mil millones de pesos, y en ISR, 66 mil millones de pesos.
La inversión extranjera en el país tiene un comportamiento favorable, con cinco estados (Estado de México, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas y Quintana Roo), que han recibido una mayor inversión en lo referente a la construcción.
Los retos
La inversión del sector privado enfrenta varios desafíos como el Estado de derecho; los dictámenes de factibilidad; barreras de comunicación en temas de regulación de carácter local, al existir una gran diversidad de contenidos y alcances para mejorar los reglamentos y los códigos municipales, al no contarse con un sistema de actualización permanente de los mismos, considerando las innovaciones tecnológicas que puedan implementarse, las debilidades en el mecanismo de vigilancia, del cumplimiento y aplicación del marco legal.
También se requiere fortalecer un esquema de homologar la competencia técnica y el marco legal a nivel federal, estatal y municipal, y equilibrar la norma a nivel nacional, que podría generar conflictos y hacer que los tratados no sean efectivos.
La CMIC cuenta con un laboratorio, con un área de Transparencia, cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de normativas y regulaciones; dicha área se encarga de promover una cultura de ética y rendición de cuentas en todos los niveles de la Cámara. También avanzan en las prácticas sobre la gestión de recursos naturales, cambio climático y relación con el planeta, derechos humanos, normas laborales, diversidad, igualdad, inclusión, relaciones con la sociedad generación de una estructura y buen gobierno de la empresa, ética empresarial y lucha contra la corrupción. Basado en lo anterior, los estados de Guanajuato y Querétaro y la alcaldía de Cuajimalpa en la Ciudad de México, destacan por sus buenas prácticas.
La propuesta de la CMIC
En el decálogo de propuestas de la CMIC para fomentar la inversión en infraestructura destacan la creación de una ventanilla única que agilice los trámites para la obtención de permisos necesarios para el desarrollo de proyectos privados.
La implementación de beneficios fiscales para las empresas con el objetivo de estimular la inversión y la generación de empleos bien remunerados y promover el desarrollo económico de las regiones.
Reclasificación de la prima de riesgo para las empresas constructoras al inscribirse por primera vez, teniendo en cuenta las medidas de seguridad implementadas y el historial de accidentes en el sector.
Implementación de programas de capacitación para resarcir la escasez de mano de obra y fomentar la actualización profesional, de manera que las empresas dispongan de personal técnico altamente especializado.
Y, por último, es fundamental establecer políticas que promuevan un cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social contribuyendo así al desarrollo y bienestar de las comunidades.
