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Como parte del Plan México, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, una estrategia que busca fortalecer la producción nacional de acero, impulsar el mercado interno y reducir la dependencia de importaciones.

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El acuerdo, suscrito por 19 instituciones públicas y tres organismos empresariales, establece como principio central que el acero utilizado en las compras gubernamentales sea de origen nacional o producido en el país. La iniciativa forma parte de una política industrial más amplia orientada a consolidar cadenas de suministro locales y aprovechar el contexto del nearshoring.

La titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que la estrategia se articula en tres ejes principales. El primero es el de compras públicas, que contempla la coordinación entre dependencias, la realización de encuentros de negocio entre gobierno e industria, así como incentivos para promover el contenido nacional y la sostenibilidad.

 

El segundo eje corresponde a la política industrial, que incluye medidas para enfrentar prácticas desleales de comercio, fortalecer a proveedores nacionales y avanzar en la sustitución de importaciones. El tercero es el financiamiento, con incentivos para que proyectos de infraestructura integren acero producido en México.

 

Desde el sector económico, el secretario Marcelo Ebrard subrayó que el acuerdo busca facilitar las operaciones de la industria siderúrgica, incrementar su participación en el mercado interno y elevar su competitividad.

 

 

Y en términos de implementación, el gobierno federal prevé una demanda significativa de acero. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, encabezada por Jesús Antonio Esteva Medina, tan solo en 2026 se requerirán alrededor de 200 mil toneladas de acero para proyectos de infraestructura, mientras que en todo el sexenio la demanda superará el millón de toneladas, principalmente por la construcción de trenes de pasajeros.

 

Por su parte, la industria privada, representada por la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, se comprometió a garantizar calidad, abasto oportuno y precios competitivos, así como a incrementar la participación del acero nacional en proyectos públicos.

El acuerdo también busca preservar más de 90 mil empleos vinculados al sector y dar certidumbre a las inversiones en curso. Con ello, el gobierno pretende consolidar a la industria siderúrgica como un pilar del desarrollo económico, alineando la política pública con la expansión de la infraestructura y la relocalización industrial en México.