El Reglamento de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar será determinante para que esta nueva legislación cumpla su objetivo de atraer inversión y desarrollar proyectos de largo plazo en México, coincidieron especialistas durante la conferencia "Anatomía de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar", organizada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).

Durante el encuentro, Francisco Javier Treviño Moreno, consultor jurídico especializado en estructuración y financiamiento de proyectos de infraestructura, explicó que el reglamento tendrá un papel incluso más relevante que la propia ley, ya que será el instrumento que defina la forma en que deberán planearse, autorizarse y ejecutarse los proyectos estratégicos.

"El reglamento será la columna vertebral para el desarrollo de los proyectos, porque permitirá aclarar aspectos operativos de la ley y armonizarla con el resto del marco jurídico aplicable", señaló el especialista.

Una ley con nuevos mecanismos para impulsar infraestructura

Treviño Moreno explicó que la legislación representa un cambio importante en el modelo de desarrollo de infraestructura al establecer un marco jurídico para la planeación, financiamiento y ejecución de proyectos estratégicos con un enfoque de bienestar social, además de rentabilidad económica.

Entre los aspectos que consideró positivos destacó la creación del Consejo de Planeación Estratégica, encargado de autorizar los proyectos; la incorporación de criterios de selección basados en la prosperidad compartida; la posibilidad de constituir Vehículos de Propósito Específico (VPE) para financiar infraestructura mediante emisiones bursátiles; así como el establecimiento de mecanismos para atender el impacto social y fortalecer la solución de controversias.

También resaltó que la ley establece un límite para evitar un sobreendeudamiento de las finanzas públicas, al impedir que este tipo de proyectos comprometan anualmente más del 3% del gasto neto total aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año previo.

Persisten áreas de preocupación

No obstante, el especialista advirtió que la legislación incorpora disposiciones que podrían generar incertidumbre durante su aplicación.

Entre ellas mencionó que la ley permite incluir la adquisición de bienes y servicios dentro de los contratos de infraestructura, una figura que, desde su perspectiva, rompe con la separación tradicional entre la construcción de infraestructura y las compras gubernamentales.

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Asimismo, expresó su desacuerdo con la posibilidad de realizar adjudicaciones directas e iniciar proyectos sin contar previamente con todos los permisos necesarios, además de señalar que el ordenamiento no profundiza en aspectos fundamentales como la realización de estudios técnicos previos, el derecho de vía ni el alcance del régimen especial que aplicará a los proyectos aprobados por el Consejo de Planeación Estratégica.

El CICM pide participación técnica en la toma de decisiones

Durante la inauguración del evento, el presidente del XLI Consejo Directivo del CICM, Jesús Campos López, afirmó que la participación del capital privado en infraestructura requiere proyectos financieramente viables y con modelos económicos sólidos que permitan equilibrar riesgo y rendimiento.

El dirigente informó que el Colegio mantiene gestiones para integrarse como órgano consultivo al Consejo de Planeación Estratégica previsto en la nueva ley, con el objetivo de aportar la experiencia técnica de los ingenieros civiles en la evaluación de los proyectos.

Transparencia, planeación y criterios técnicos, entre los principales retos

Durante el análisis también participaron integrantes del Comité de Normatividad y Enlace Legislativo del CICM, quienes coincidieron en que la nueva legislación representa una oportunidad para fortalecer la inversión en infraestructura, siempre que esté acompañada por una adecuada planeación y mecanismos de transparencia.

Héctor Javier Ibarrola Reyes señaló que ningún esquema financiero puede sustituir una mala planeación, por lo que consideró indispensable contar con proyectos técnicamente sólidos, liberar oportunamente los derechos de vía y atender los conflictos sociales antes de iniciar las obras.

Por su parte, Germán García Correa indicó que la mayor flexibilidad financiera prevista en la ley deberá complementarse con mecanismos robustos de gobernanza, rendición de cuentas y participación ciudadana, mientras que Andrés Moreno y Fernández expresó preocupación porque el Comité de Análisis de Riesgos esté integrado únicamente por funcionarios públicos, sin representación de organismos técnicos o del sector privado.

Los especialistas coincidieron en que el éxito de la nueva legislación dependerá menos de la disponibilidad de recursos y más de la capacidad para desarrollar proyectos bien estructurados, con certidumbre jurídica, viabilidad técnica y beneficios económicos y sociales de largo plazo para el país.