En los debates públicos con frecuencia se plantea una falsa disyuntiva: o el Estado concentra todas las funciones y reduce al mínimo la intervención notarial, o el Notariado asume cada vez más actividades para compensar las limitaciones gubernamentales. Sin embargo, la experiencia jurídica e institucional demuestra que el mejor modelo no es el de la competencia entre gobierno y Notariado, sino el de la colaboración entre ambos.

Ahora bien, el Notariado y el gobierno no deben verse como adversarios que compiten por espacios de poder. Por el contrario, son instituciones complementarias que, cuando trabajan coordinadamente, fortalecen la seguridad jurídica, agilizan la actividad económica y generan mayor confianza social. El problema surge cuando alguna de las partes pretende hacerlo todo por sí sola: el exceso de centralización estatal suele derivar en burocracia e ineficiencia, mientras que la ausencia de rectoría pública puede provocar desarticulación institucional. La clave está en la sinergia.

El notario latino no es un profesionista privado que actúa exclusivamente en beneficio particular. Es un jurista investido de fe pública por el Estado para brindar certeza jurídica a los actos y hechos que autoriza. Precisamente por ello, el Notariado constituye uno de los mecanismos más eficientes de colaboración público-privada en materia jurídica.

A través de la función notarial, el Estado descentraliza tareas esenciales sin perder control ni legalidad. El notario verifica identidad, capacidad, voluntad, legalidad y cumplimiento normativo; recauda contribuciones; reporta operaciones relevantes; previene lavado de dinero; protege consumidores; revisa antecedentes registrales; y da forma jurídica a operaciones patrimoniales complejas. Todo ello ocurre sin necesidad de ampliar estructuras burocráticas gubernamentales.

Cuando esta relación funciona adecuadamente, el prestatario obtiene un doble beneficio: por un lado, acceso a servicios jurídicos especializados y personalizados; por otro, respaldo institucional y certeza derivada de la intervención estatal indirecta.

La colaboración entre gobierno y Notariado ha permitido construir sistemas jurídicos más sólidos y eficientes en múltiples países de tradición latina. Basta observar la función que desempeñan los notarios en operaciones inmobiliarias, sucesorias, societarias y familiares para entender que gran parte de la estabilidad patrimonial descansa precisamente en esa interacción coordinada.

En distintos momentos históricos han surgido intentos de sustituir o minimizar la función notarial bajo la idea de que el Estado puede asumir directamente todas las tareas relacionadas con la seguridad jurídica. Generalmente, estas propuestas se presentan bajo discursos de modernización o reducción de costos. Sin embargo, la experiencia demuestra que la excesiva centralización suele producir efectos contrarios a los deseados.

Las autoridades administrativas tienen funciones masivas y generales; el notario, en cambio, realiza un análisis preventivo, individualizado y especializado de cada caso concreto. Pretender que una estructura burocrática sustituya integralmente esa labor implica trasladar enormes cargas operativas al aparato estatal, con el consecuente riesgo de saturación, lentitud y aumento de errores.

Además, cuando el gobierno concentra todas las funciones de validación jurídica, registro y control, disminuyen los filtros preventivos independientes. El prestatario queda sujeto exclusivamente a procesos administrativos impersonales que difícilmente pueden atender con profundidad la complejidad de cada operación.

La relación equilibrada también exige reconocer que el notariado no puede ni debe reemplazar al Estado. El gobierno conserva funciones irrenunciables de regulación, supervisión, política pública y rectoría institucional.

La fe pública notarial existe precisamente porque el Estado la delega y la regula. Por ello, el funcionamiento del sistema requiere autoridades registrales eficientes, catastros modernos, marcos normativos claros y mecanismos de supervisión adecuados.

Cuando existe descoordinación institucional, incluso el mejor trabajo notarial enfrenta obstáculos. De poco sirve una escritura técnicamente impecable si el Registro Público opera con retrasos excesivos, criterios contradictorios o sistemas deficientes. De igual manera, los avances gubernamentales en esta materia pierden eficacia si no se integran adecuadamente con los procesos notariales.

El papel del Notario en el ordenamiento territorial y en el desarrollo urbano

El objetivo no debe ser desplazar competencias, sino articularlas inteligentemente.

La colaboración entre gobierno y Notariado no solo tiene relevancia jurídica; también posee un enorme impacto económico. Los países con mayores niveles de seguridad jurídica suelen atraer más inversión, facilitar el acceso al crédito y reducir costos de litigio. Ello ocurre porque existe confianza en la autenticidad de los actos, la protección de la propiedad y la estabilidad de las transacciones.

El Notariado contribuye decisivamente a esa confianza mediante mecanismos preventivos que reducen conflictos futuros. El gobierno, por su parte, aporta el marco institucional, regulatorio y registral que da eficacia general a los actos jurídicos.

Cuando ambos trabajan coordinadamente, se genera un círculo virtuoso: se simplifican operaciones; se reducen controversias; se fortalece la formalidad; aumenta la recaudación; y se incrementa la confianza en las instituciones.

En cambio, cuando existe confrontación institucional, los principales afectados son los ciudadanos y la actividad económica. Los trámites se vuelven más lentos, los criterios más inciertos y las inversiones más riesgosas.

Así, el debate no debería centrarse en quién conserva más atribuciones, sino en cómo lograr mejores resultados para la sociedad.

En una época marcada por polarización y desconfianza institucional, resulta fundamental reivindicar modelos de colaboración eficaz entre Estado y sociedad. El notariado latino es precisamente uno de esos modelos.

La experiencia demuestra que los sistemas jurídicos más sólidos no son aquellos donde el gobierno desconfía del Notariado ni aquellos donde el notariado actúa desvinculado del interés público. Los mejores resultados aparecen cuando ambas instituciones entienden que cumplen funciones distintas, pero complementarias.

El gobierno necesita del notariado para acercar seguridad jurídica especializada a la ciudadanía sin expandir innecesariamente la burocracia. El Notariado necesita del gobierno para contar con marcos normativos claros, registros eficientes y legitimidad institucional.

No se trata de decidir quién debe hacerlo todo. Se trata de reconocer que la seguridad jurídica exige cooperación, coordinación y confianza mutua.

En última instancia, la verdadera fortaleza institucional no surge de la concentración absoluta de funciones, sino de la capacidad de construir alianzas eficaces al servicio de la sociedad.

*Notario 50 de la Ciudad de México.