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El G9 propone que propietarios e inquilinos acuerden libremente la renta inicial al firmar un nuevo contrato, mientras los aumentos anuales se mantienen ligados a la inflación.

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El G9 planteó ajustes a la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México, con el propósito de equilibrar la protección de las personas que rentan una vivienda con los incentivos para conservar y ampliar la oferta de inmuebles en alquiler.

 

En su posicionamiento, las organizaciones que integran el grupo reconocieron la prioridad del Gobierno capitalino de evitar incrementos desproporcionados en las rentas y dar mayor estabilidad a las familias. Sin embargo, señalaron que la regulación también debe considerar las condiciones necesarias para que propietarios y desarrolladores mantengan viviendas en el mercado de arrendamiento.

 

La principal propuesta del G9 consiste en que el límite anual al incremento de las rentas, conforme a la inflación, se aplique durante toda la relación contractual y sus renovaciones cuando permanezca la misma persona inquilina.

Y en cambio, cuando concluya un contrato y el propietario celebre uno nuevo con otra persona arrendataria, ambas partes podrían acordar libremente el monto de la renta inicial. A partir de ese nuevo precio, volvería a aplicarse el límite anual de incremento.

De acuerdo con el grupo, este mecanismo evitaría que una renta establecida bajo condiciones particulares se mantenga como referencia obligatoria para contratos posteriores, incluso cuando cambien las circunstancias del inmueble o del mercado.

 

 

El G9 considera que establecer esa flexibilidad ayudaría a preservar los incentivos para dar mantenimiento, mejorar y poner viviendas en alquiler, sin dejar de proteger a quienes ya tienen un contrato vigente.

Proponen ajustes al Registro Digital y a la Defensoría

También el posicionamiento contempla presentar propuestas sobre otros componentes de la iniciativa, entre ellos el funcionamiento del Registro Digital, la efectividad de las garantías en los contratos y la imparcialidad de la Defensoría.

 

El objetivo, explicó el grupo, es fortalecer la certeza jurídica de las relaciones entre propietarios e inquilinos y contribuir a que las disposiciones de la nueva ley funcionen de manera equilibrada.

 

Las organizaciones integrantes del G9 reconocieron los espacios de diálogo abiertos por el Gobierno de la Ciudad de México y la oportunidad de participar en el Parlamento Abierto convocado por el Congreso capitalino.

Finalmente, reiteraron su disposición a colaborar en la elaboración de una legislación que proteja a las personas arrendatarias frente a aumentos excesivos, pero que también favorezca la disponibilidad de vivienda en renta en la capital.

La discusión de la iniciativa busca atender uno de los principales retos del mercado habitacional: ofrecer condiciones de arrendamiento más accesibles y estables sin desincentivar la permanencia de viviendas en alquiler.