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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó un paquete de leyes secundarias en materia energética que revierte las modificaciones realizadas en 2013 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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Con estas reformas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) se fortalecen como empresas públicas del Estado, operando bajo el principio de Austeridad Republicana.

 

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum destacó que esta reforma recupera el carácter público de CFE y Pemex, garantizando su función en la provisión de energía y en la soberanía nacional. Afirmó que, aunque se mantiene la participación privada en el sector, el objetivo principal es fortalecer a las empresas estatales.

 

Las reformas incluyen seis leyes principales:

  • Ley de la Empresa Pública del Estado, Pemex
  • Ley de la Empresa Pública del Estado, CFE
  • Ley de Planeación y Transición Energética
  • Ley del Sector Eléctrico
  • Ley del Sector Hidrocarburos
  • Ley de la Comisión Nacional de Energía

Asimismo, se armonizan otras cinco leyes, entre ellas la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

 

 

Resaltó la presidenta Sheinbaum que estas modificaciones constitucionales establecen en el artículo 28 de la Constitución que CFE y Pemex no serán consideradas entidades monopólicas, ya que cumplen una función social clave. Subrayó que la reforma garantiza justicia energética, energía suficiente y costos accesibles para el desarrollo del país.

 

En el caso de CFE, se ha proyectado un plan de inversión de 23 mil 400 millones de dólares hasta 2030, con 12 mil 300 millones destinados a generación, 7 mil 500 millones a transmisión y 3 mil 600 millones a distribución de energía eléctrica.

 

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó que el paquete de leyes consolida la soberanía energética y el bienestar del pueblo mexicano. Entre los cambios clave está la reducción de instrumentos de planeación de 15 a seis y la creación del Sistema Nacional de Información Energética y del Consejo de Planeación Energética. Además, por primera vez, se introduce el concepto de “justicia energética”, enfocado en garantizar el acceso equitativo a la energía para la población más vulnerable.

Uno de los cambios más significativos es la eliminación de las subsidiarias y filiales de Pemex y CFE, permitiendo su reintegración vertical y horizontal para mejorar su eficiencia operativa. Se establece un régimen especial para su presupuesto, contabilidad y deuda, con lineamientos y metas anuales.

 

 

En el sector eléctrico, la reforma ratifica a la CFE como garante de la continuidad y confiabilidad del sistema eléctrico, asegurando su participación del 54% en la generación eléctrica. Se establecen esquemas de inversión mixta y se define la generación eléctrica como un derecho, evitando el lucro excesivo.

 

Para Pemex, se otorga prioridad en la determinación de áreas de exploración y extracción, con posibilidad de asociaciones en contratos mixtos. Se crea el Derecho Petrolero para el Bienestar como nuevo régimen fiscal y se impulsa la industria petroquímica, la producción de fertilizantes gratuitos y la trazabilidad de los hidrocarburos.

 

Finalmente, la Ley de la Comisión Nacional de Energía establece un organismo descentralizado con independencia técnica y operativa, encargado de la regulación del mercado eléctrico y de hidrocarburos, incluyendo permisos y establecimiento de tarifas.

Durante la conferencia matutina, la presidenta estuvo acompañada por el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla; la directora de la CFE, Emilia Calleja Alor; y la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos.